El 42% de los actos discriminatorios que se denuncian en la capital ocurren en entornos laborales, donde por muchos años se han normalizado conductas violentas y nocivas que, según especialistas de la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), debe atenderse desde una perspectiva restaurativa y no punitivista.
Empresas, establecimientos mercantiles y universidades son los principales focos rojos de la discriminación en la CDMX; mientras que las personas con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), los discapacitados y las mujeres embarazadas son los grupos poblaciones que más sufren tratos discriminatorios en los entornos laborales.
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A dichos grupos poblacionales les niegan trabajos o se les excluyen por su estatus de salud; sus preferencias sexuales; y por sus estado gestante violando sus derechos humanos y laborales, explicó a Publimetro, Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED.
“Las personas que llegan a a solicitar un trabajo, muchas veces se les hacen pruebas médicas que están prohibidas, que son ilegales, para determinar si viven con VIH, o en el caso de mujeres si están embarazadas y por estos motivos no se les da el empleo”.
— Geraldina González de la Vega.
Datos del COPRED señalan que el 95% de las quejas que reciben concluyen con acuerdos reparatorios; sin embargo, De la Vega sostiene en el caso de las empresas y las PyMEs hace falta un largo camino por recorrer, pues en la CDMX, la dependencia solo tiene identificadas a 55 empresas –algunas de carácter trasnacional– que implementan protocolos para resarcir el daño a las víctimas de discriminación.
De acuerdo con De la Vega, en México –a todos niveles – se ve a la justicia desde la perspectiva del castigo y no en la que se pone en el centro a la víctimas y reparar el daño, tal como ocurre en el campo laboral donde muchas los despidos son la salida más fácil, y las empresas no asumen su responsabilidad para solucionarlos problemas de fondo.
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“No debemos centrarnos en el poder punitivo del Estado, sino más bien entender qué fue lo que generó ese daño, cuáles son las causas. Los contextos que generan esos daños en el caso que nos ocupa ¿qué es lo que genera la discriminación?, ¿Cómo se generan estos prejuicios?, ¿Cómo se sustentan estos sistemas de opresión?”
— Geraldina González de la Vega.
En este sentido, la presidenta del COPRED explicó que se debe cambiar hacia un perspectiva retributiva, pues todavía la pregunta más frecuente que reciben en el Consejo son “¿cuándo van a sancionar?, ¿cómo van a sancionar?, ¿qué multa vas a poner?”.
No obstante, puntualizó que la dependencia que preside no sanciona, sino que busca atender desde la mirada de los derechos humanos para que se generen cambios que le devuelvan la confianza a las víctimas a través de la justicia restaurativa.
¿En qué consiste la justicia restaurativa?
Según explicó De la Vega, la justicia restaurativa en los casos de discriminación ocurre cuando se denuncia un acto de esta índole y se invita a todos los involucrados a un espacio de conciliación, donde la víctima, el responsable y en ocasiones de la comunidad, narran sus perspectivas de los hechos llegan a acuerdos reparatorios que ponen en el centro las necesidades de los agraviados.
Dichos acuerdos, consisten en lo que las víctimas solicitan. En muchos casos se trata de indemnizaciones económicas y disculpas públicas; otras más consiste en capacitaciones y revisión de códigos de ética; y –en el caso de las empresas, establecimientos mercantiles y universidades– el COPRED pide que se implementen medidas de no repetición.
El dato
- En 2022, el COPRED ofreció mil 664 atenciones por casos de discriminación, de los cuales al menos 699 ocurrieron en empresas.
