Un juez les prohibió el martes a varias agencias federales y funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden trabajar con compañías de redes sociales sobre “discurso protegido”, una determinación calificada como “un golpe a la censura” por uno de los funcionarios republicanos cuya demanda derivó en el fallo.
El juez federal Terry Doughty de Luisiana concedió la orden judicial en respuesta a una demanda interpuesta en 2022 por los fiscales generales de Luisiana y Missouri. Su demanda aseguraba que el gobierno federal se extralimitó en sus intentos por convencer a las empresas de redes sociales de abordar publicaciones que pudieran generar titubeos entre la población con respecto a vacunarse durante la pandemia de COVID-19 o afectar elecciones.
Doughty se refirió a “evidencia sustancial” de la existencia de una amplia campaña de censura. Escribió que la “evidencia producida hasta ahora describe un escenario casi distópico. Durante la pandemia de COVID-19, un periodo que tal vez se caracterizó más por la duda y la incertidumbre generalizadas, el gobierno de Estados Unidos parece haber asumido un papel similar al de un ‘Ministerio de la Verdad’ orwelliano".
El senador federal republicano Eric Schmitt, que era el fiscal general de Missouri cuando la demanda fue incoada, tuiteó que el fallo era “una enorme victoria para la Primera Enmienda (constitucional) y un golpe a la censura”.
El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, dijo que la orden evita que el gobierno “censure el discurso político central de los estadounidenses comunes” en redes sociales.
“La evidencia en nuestro caso es impactante y ofensiva, al decidir altos funcionarios federales que podían dictar lo que los estadounidenses pueden o no decir en Facebook, Twitter, YouTube y otras plataformas acerca del COVID-19, las elecciones, críticas al gobierno y más”, señaló Landry en un comunicado.
El Departamento de Justicia está revisando la orden judicial “y evaluará sus opciones en este caso”, dijo un funcionario de la Casa Blanca que pidió guardar el anonimato al no estar autorizado a declarar públicamente sobre el tema.
“El gobierno ha promovido acciones responsables para proteger la salud y la seguridad del público al verse confrontado por retos como una pandemia letal y ataques extranjeros a nuestras elecciones”, señaló el funcionario. “Nuestra postura constante sigue siendo que las plataformas de redes sociales tienen una responsabilidad crucial de tomar en cuenta los efectos que sus plataformas tienen sobre el pueblo estadounidense, pero toman decisiones independientes acerca de la información que presentan”.
El fallo nombró a varias agencias del gobierno, entre ellas el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el FBI, a los que la orden judicial les prohíbe tener conversaciones con empresas de redes sociales encaminadas a “alentar, presionar o inducir de cualquier manera el retiro, eliminación, supresión o reducción de contenido que contiene libertad de expresión protegida”.
La orden menciona a varios funcionarios, incluidos el secretario de Salud Xavier Becerra y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, entre otros.
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Salter reportó desde O’Fallon, Missouri. Los periodistas de The Associated Press Kevin McGill, en Nueva Orleans, y Cal Woodward, Colleen Long y Ellen Knickmeyer en Washington, D.C., contribuyeron a este despacho.
