Después de cuatro años de creciente destrucción en la Amazonía brasileña, la deforestación se redujo un 33.6% durante los primeros seis meses del mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según datos satelitales del gobierno publicados el jueves.
De enero a junio, la selva tropical tuvo alertas por posible deforestación que abarcaban dos mil 650 kilómetros cuadrados, comparados con cuatro mil kilómetros cuadrados en el mismo período del año pasado, durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Los datos de este año incluyen una caída del 41% en las alertas de junio, el comienzo de la estación seca, que es cuando la deforestación tiende a aumentar.
“Se alcanzó el objetivo de revertir la curva de crecimiento. Eso es un hecho: revertimos la curva, la deforestación no va en aumento”, dijo João Paulo Capobianco, secretario ejecutivo del Ministerio del Medio Ambiente, durante una presentación en Brasilia.
Capobianco señaló que los resultados de todo el año dependerán de unos meses difíciles por delante. Aun así, los datos son una señal alentadora para Lula, quien hizo campaña el año pasado con la promesa de frenar la tala ilegal y revertir la devastación ambiental ocurrida durante el mandato de Bolsonaro. El expresidente derechista debilitó a las autoridades ambientales, mientras que su insistencia en el desarrollo de la región amazónica tuvo eco entre los acaparadores de tierras y los agricultores que durante mucho tiempo se sintieron agraviados por las leyes ambientales. Con esto se envalentonaron y la deforestación del Amazonas aumentó a su cifra más alta en 15 años.
Acciones tomadas para frenar la deforestación
Los datos de deforestación dados a conocer el jueves provienen de un sistema llamado Deter, administrado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, una agencia federal. Es una iniciativa que se enfoca principalmente en detectar la deforestación en tiempo real. Los cálculos de deforestación más precisos provienen de otro sistema llamado Prodes, cuyos datos se publican de manera anual.
“En pocas palabras, estamos dando prioridad a la aplicación de la ley ambiental”, dijo Jair Schmitt, jefe de protección ambiental del Ibama, la agencia ambiental federal de Brasil, en una entrevista telefónica con The Associated Press.
Sin embargo, la continua escasez de personal significa que la tarea no ha sido fácil, dijo. Muchos agentes del Ibama se jubilaron y no fueron reemplazados durante el gobierno de Bolsonaro, lo que refleja los esfuerzos del expresidente por debilitar a las autoridades ambientales. Lula se ha comprometido a restaurar la fuerza laboral, pero el número de agentes del Ibama sigue siendo el más bajo en 24 años. El país cuenta con apenas 700 agentes, de los cuales sólo 150 están disponibles para despliegue, en todo su territorio.
El Ibama también ha fortalecido la vigilancia remota, en la que se detecta la deforestación a través de imágenes satelitales, según Schmitt. Mediante el cruce de referencias con registros de tierras, en muchos de los casos es posible identificar al propietario del área, lo que conduce a embargos que restringen el acceso a préstamos financieros, entre otras sanciones.
Otra estrategia ha sido incautar miles de cabezas de ganado criadas ilegalmente dentro de las áreas embargadas. La medida es efectiva porque inflige un castigo inmediato, a diferencia de las multas que rara vez se pagan en Brasil debido a la lentitud del proceso de apelación, dijo Schmitt.
Rodrigo Agostinho, titular del Ibama, señaló en la presentación del jueves que el valor de las multas impuestas en la primera mitad del año aumentó un 167% respecto del promedio de 2019-2022, y la agencia embargó dos mil 86 áreas, es decir un incremento del 111%.
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“Comenzamos el año con muchas dificultades por todo lo que heredamos, reorganizando todos los equipos de fiscalización, protección ambiental, reactivando los sistemas tecnológicos”, dijo Agostinho.
La mejoría en los datos de deforestación también refleja el cambio en el discurso desde la cúpula, señaló Schmitt. Mientras Bolsonaro criticaba abiertamente al Ibama y defendía la legalización de zonas deforestadas, Lula ha dicho que reconstruirá la vigilancia y prometió expulsar a los invasores de las áreas protegidas. Los expertos señalan que tan sólo la expectativa de que una zona invadida eventualmente se regularice ha sido uno de los principales impulsores de la deforestación.
Sin embargo, podría resultar prematuro celebrar el cambio en la tendencia de deforestación. Según el monitoreo satelital, tan sólo en junio hubo tres mil 75 incendios en la Amazonía, la mayor cantidad desde 2007. El incremento se debe al desmonte de las zonas deforestadas en el segundo semestre de 2022, afirmó Schmitt. En la Amazonía, la mayoría de los incendios son provocados por el hombre y ocurren después de talar una zona selvática.
Ante la inminente llegada de El Niño, el cual suele traer menos lluvias y temperaturas más altas a la Amazonía, el Ibama ha duplicado su presupuesto para el combate de incendios forestales e incrementado en un 17% el alcance de sus escuadrones de bomberos para el periodo de mayor actividad, que generalmente se extiende de julio a octubre. Aproximadamente la mitad de los dos mil 117 bomberos temporales son de pueblos indígenas.
La selva tropical amazónica abarca un área que es dos veces el tamaño de la India, y retiene enormes cantidades de carbono, fungiendo como una barrera crucial en contra del cambio climático. Dos terceras partes de su superficie se encuentran en territorio brasileño.
Lula presidirá el mes entrante una cumbre en Belém en la que reunirá a jefes de Estado de todas las naciones amazónicas para discutir formas de cooperación efectiva en la complicada región. Lula ha prometido ponerle fin a la deforestación neta en la Amazonía brasileña para el año 2030. Su mandato de cuatro años, su tercer periodo presidencial, concluye en 2028.
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Para lograrlo, la aplicación de la ley por sí sola no será suficiente, asegura Adevaldo Dias, un dirigente de los extractores de caucho que preside el Memorial Chico Mendes, una organización sin fines de lucro que brinda asistencia a comunidades tradicionales no indígenas en la Amazonía.
“Es necesario invertir en las cadenas productivas sustentables bajo manejo de la comunidad, como la pesca controlada de pirarucú (o arapaima), la nuez de brasil, los aceites vegetales y el asaí”, dijo a la AP. “Esto ayudará a revitalizar y ampliar estas cadenas, generando ingresos decentes para aquellos involucrados en las labores de conservación dentro de sus territorios”.
Agostinho también subrayó los esfuerzos de su agencia dentro de los territorios indígenas, en especial en la tierra de los yanomami, la cual fue invadida por miles de mineros de oro clandestinos durante el gobierno de Bolsonaro.
Sus actividades contaminaron las vías fluviales y causaron enfermedades a la población local, y el gobierno de Lula ha invertido meses en expulsar a la mayoría de los mineros. Sin embargo, algunos continúan en la zona y trabajan de noche para evitar ser atrapados, indicó Agostinho. “Hasta el momento estamos muy contentos con el resultado”, comentó. “Sabemos que la lucha no ha terminado; seguiremos haciendo este trabajo”.
