SANTIAGO (AP) — El gobierno del presidente Gabriel Boric inició el martes el empadronamiento de más de 190.000 inmigrantes irregulares en el marco de una nueva política migratoria que también agiliza la expulsión de quienes no participen en el proceso.
Chile vivió los últimos años una inmigración descontrolada de millares de extranjeros que ingresaron al país mayoritariamente a través de sus porosos pasos con Perú y Bolivia, lo que fue frenado por el despliegue de centenares de militares en la frontera a fines de febrero.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que el empadronamiento no es sinónimo de regularización de los extranjeros que ingresaron irregularmente sino que se trata de un proceso de registro que “mejora las condiciones de seguridad del país”.
Agregó que el gobierno aún no ha decidido un proceso de regularización, lo que se hará luego de concluido el registro el 6 de octubre próximo, y que se elaborará a partir de dos criterios "específicos y restringidos”: que el inmigrante tenga un vínculo laboral formal con Chile y, eventualmente, lazos familiares en el país.
Monsalve, que presenció el inicio del registro en una oficina de la policía civil, declaró que el empadronamiento “es una acción de seguridad con el objeto de poder tener la identidad de aquellas personas que están en el territorio nacional”.
