Un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente el fallo de un tribunal inferior que limitaba la capacidad del gobierno estadounidense de objetar ante compañías de redes sociales por contenidos controversiales transmitidos en ellas.
Los abogados del gobierno federal le habían pedido al Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans suspender la orden emitida el 4 de julio por el juez federal Terry Doughty. El mismo Doughty había rechazado un pedido de dejar en pausa su fallo mientras cursaba la apelación.
La nueva orden deja el fallo de Doughty en pausa “hasta que el tribunal emita nuevas órdenes” y pide fijar pronto una fecha para la presentación de argumentos.
La demanda, presentada el año pasado, denunciaba que el gobierno estaba de hecho violando la libertad de expresión al mencionar posibles medidas regulatorias que podría tomar al presionar a las redes sociales a que borren contenidos considerados desinformación. La demanda mencionó temas como las vacunas contra el COVID, los problemas legales del hijo del presidente Joe Biden y las denuncias de fraude electoral.
Doughty, designado por el entonces presidente Donald Trump, emitió una orden en que explicaba sus razones por más de 160 páginas. Afirmó que los demandantes probablemente ganarían su litigio. Su orden le impedía al Departamento de Salud y Recursos Humanos, al FBI y a otras agencias del gobierno “animar, presionar o provocar de cualquier manera la eliminación, borro, supresión o reducción de contenido que contenga contenidos cobijados por la libertad de expresión”.
Los abogados del gobierno se quejaron que la orden es excesivamente amplia y vaga, y que limitaba lo que los funcionarios podían decir en conversaciones con las compañías de redes sociales o en declaraciones públicas. Añadieron que la orden de Doughty presenta una “grave” amenaza a la seguridad pública al frustrar los intentos del gobierno de combatir la desinformación.
Doughty rechazó el lunes el pedido de la administración de suspender la orden, diciendo: “Los demandados argumentan que el fallo debe ser suspendido porque podría interferir en la habilidad del gobierno de continuar trabajando con las compañías de redes sociales para censurar el discurso público basado en puntos de vista. En otras palabras, el gobierno desea que el fallo sea suspendido para que pueda seguir violando la Primera Enmienda”.
