El riesgo de corrupción en las compras de gobierno aumentó en 71% de las instituciones federales, informó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Esto implica que, en al menos, siete de cada 10 entidades de gobierno hay la sospecha de colusión, sobornos, favoritismo y actos indebidos en sus procesos de adquisición de insumos, materiales, equipos y contratación de servicios.
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A través del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2023, el IMCO reportó que en 2022 las instituciones del gobierno federal adjudicaron dos millones 500 mil pesos a empresas fantasma.
A demás de la asignación de 107 millones 868 mil pesos a compañías que ya habían sido sancionadas y tres mil 474 millones a empresas de reciente creación, que no garantizan los lineamientos para convertirse en proveedores del gobierno.
“En 2022, las instituciones federales gastaron más de 107 millones de pesos en contratos con proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública.
“Además, 32% de este monto contratado fue a través de adjudicaciones directas y 64% se destinó a servicios de vigilancia, área donde las entidades federales obtuvieron el mayor puntaje de riesgo en el eje de competencia”, apuntó el instituto.
Prácticas de riesgo
El IMCO señaló que 38% de las compras del gobierno, efectuadas en 2022, se concretaron a través de una adjudicación directa, mientras que 3% fueron por invitación restringida.
Ello, refirió, implica que cuatro de cada 10 pesos gastados por el gobierno federal, en compras públicas, fueron mediante procesos que limitan la competencia y no garantizan las mejores prácticas para evitar actos de corrupción.
El instituto indicó que más de 13 mil adjudicaciones directas, equivalentes a 16% del total, no publicaron el contrato correspondiente y más de dos mil licitaciones públicas (30%) estuvieron incompletas.
Evidenció que 4% de las compras públicas no contó con una liga funcional a Compranet, plataforma donde se registran todas las adquisiciones de gobierno, lo que impide conocer la información básica del proceso.
Mientras que 45% de las compras públicas fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato; “de hecho, 9% se cargaron en la plataforma entre uno y dos meses después de haber iniciado”.
Instituciones con mayor riesgo
El IMCO señaló que:
- La institución con mayor riesgo de corrupción fue Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Ésta obtuvo una nota de 70 puntos en el IRC, 26 unidades más que el año anterior; 99% de sus compras públicas se realizaron a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
- La que más incrementó su puntaje de riesgo fue la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz. Entre 2021 y 2022 pasó de 25 a 68 puntos en el IRC, por la falta de competencia en compras de mantenimiento de bodegas y la adquisición de material pétreo para el Rompeolas Oeste, la obra más importante que se ha realizado en el puerto en varias décadas y parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue la institución con un menor puntaje de riesgo, el cual se explica por la publicación en tiempo y forma de sus procesos de contratación en la plataforma Compranet.
Menos competitivas
- Las compras del sector salud se posicionaron entre las menos competitivas. 74% del monto gastado en medicamentos fue adjudicado directamente.
- Diconsa y Liconsa, empresas administradas por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), también se caracterizaron por la falta de competencia en sus compras.
- Diconsa gastó 19 mil 734 millones en compras públicas y 90% se adjudicó directamente. Por su parte, Liconsa obtuvo un puntaje de 85 en el subíndice de competencia, ya que solo licitó 18% del monto gastado en compras públicas.
