BRASILIA (AP) — El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva promulgó el viernes un decreto que endurece las restricciones a los civiles para acceder a armas de fuego, medida que revierte las políticas proarmas de su predecesor derechista Jair Bolsonaro.
El decreto reduce el número de armas que los civiles pueden tener para su seguridad personal de cuatro a dos, la cantidad de municiones para cada arma de 200 a 50 cartuchos, y exige tener documentos para demostrar que necesitan poseerlas.
Además les prohíbe a los civiles la posesión de pistolas 9 mm, cuyo uso queda restringido a la policía y el ejército.
“Una cosa es que el ciudadano ordinario tenga un arma en casa para su protección, como una garantía, porque algunas personas creen que eso brinda seguridad. Que las tengan. Pero no podemos permitir que la gente tenga arsenales de armas”, dijo Lula el viernes en la ceremonia de firma del decreto.
Durante la presidencia de Bolsonaro de 2019 a 2022, el exmandatario dijo que los “buenos ciudadanos” debían tener derecho a proteger a sus familias y bienes, y flexibilizó las disposiciones sobre la posesión de armas y municiones. Aunque la Constitución de Brasil no concede el derecho a poseer armas, Bolsonaro alegó que “un pueblo armado jamás será esclavizado”.
Según cálculos del Instituto Sou da Paz, sin fines de lucro y dedicado a dar seguimiento a la seguridad pública, el número de armas en poder de los civiles se ha más que triplicado a 2,9 millones en un país de 214 millones de personas.
La cifra es muchísimo menor a la de Estados Unidos, y a pesar del incremento en el número de armas, la tasa de homicidios en Brasil permaneció estable durante el gobierno de Bolsonaro. El número de asesinatos en su último año en el cargo, 2022, fue de unos 47.500, más o menos invariable respecto a los que hubo en 2019, de acuerdo con un informe publicado el jueves por el Foro Brasileño sobre Seguridad Pública.
El Instituto Igarapé, otro centro de estudios sobre seguridad pública, al igual que el Instituto Sou da Paz, elogió en un comunicado las nuevas restricciones, diciendo que son “un paso más para recuperar los parámetros responsables y la seguridad jurídica en el control de armas en Brasil”.
El gobierno de Lula ha alentado a los ciudadanos a vender sus armas de fuego no permitidas en las nuevas disposiciones para antes de fin de año, o de lo contrario la Policía Federal se las confiscará.
Las nuevas disposiciones también consolidan a la Policía Federal como la entidad oficial encargada del control de armas, haciendo a un lado a las fuerzas armadas, que antes ejercían ese papel.
En mayo, el ministro de Justicia de Lula había fijado un plazo para que los civiles registraran legalmente sus armas de fuego ante la Policía Federal. Anteriormente ese trámite se hacía ante los militares, pero el nuevo gobierno izquierdista de Lula ha puesto en duda la confiabilidad de las fuerzas armadas para que cumplan esa función, debido a la tendencia de muchos de sus integrantes a respaldar a Bolsonaro.
“Seguiremos luchando por un país desarmado. Quienes deberían estar bien equipados con armas de fuego son la policía y las fuerzas armadas federales de Brasil”, dijo Lula.
Los campos de tiro, que proliferaron durante el gobierno de Bolsonaro y que estaban relativamente no regulados, enfrentan ahora nuevas restricciones. Sólo pueden operar de las 6 de la mañana a las 10 de la noche y deben ubicarse por lo menos a un kilómetro (0,6 millas) de distancia de cualquier escuela.
La nueva política de Lula también redujo los permisos para la posesión de armas de 10 años durante el gobierno de Bolsonaro a nuevos límites de entre tres y cinco años, dependiendo del interesado.
