Organizaciones y víctimas de despojo de vivienda denunciaron a las autoridades capitalinas y al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) por quitarles sus bienes para favorecer a organizaciones sociales afines a las políticas del gobierno en turno, y a paracaidistas dedicados a la invasión de predios.
Según refirió a Publimetro la diputada local Daniela Álvarez Camacho, en la CDMX se han identificado al menos 30 casos de despojo en los que el INVI intenta favorecer a organizaciones de paracaidistas que despojan a otros ciudadanos de sus propiedades, aún cuando existen fallos judiciales a favor de las víctimas.
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Desde el Congreso de la CDMX, algunos de los capitalinos que han sufrido de este tipo de despojo expusieron sus casos. Carlos Ruiz de Teresa y sus familiares, quienes desde 2005 fueron despojados de su propiedad por integrantes de la organización llamada Asamblea de Barrios.
Según lo expuesto por Carlos, el edificio con los números 104 y 108 de la calle Antonio Caso, ubicada en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc, sufrió de la invasión que en 2012 se convirtió en un procedimiento de expropiación impulsado por el INVI para despojarlos de su propiedad.
Aunado a esto, Ruiz denuncia que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX le está negando el acceso a la justicia, al no darle el seguimiento adecuado a su caso. Asimismo, refirió que en 14 meses ha tenido ocho “MP’s” y que su carpeta tiene más de 4 mil hojas.
En este sentido, la víctima de despojo indicó que solicitó al Ministerio Público que le pidiera al INVI los fundamentos para un segundo procedimiento de expropiación, sin que hasta el momento, el Instituto encabezado por Anselmo Peña Collazo emita una respuesta.
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A casi dos décadas de que su propiedad fue invadida, e incluso con resoluciones judiciales a su favor, Carlos y su familia siguen enfrentando los embates del INVI, que sigue intentando quitarle sus bienes, y los paracaidistas se niegan a desalojar aunque haya riesgo de colapso en el inmueble.
Fiscalía pide dinero para agilizar casos de despojo
En casos como el de Rigel Osornio Sierra, quien adquirió en 2022 el predio ubicado en la calle de Tlaxcala 22, en la colonia Providencia de la alcaldía Gustavo A. Madero, y meses después se encontró con que ya había paracaidistas habitando su inmueble; también están marcados por la corrupción de la Fiscalía.
Osornio Sierra, relata que además del despojo, el trato con las autoridades se ha convertido en un “viacrucis”, pues aparte de que no se le da seguimiento a su caso, el personal de la Fiscalía de Investigación Territorial en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) le ha solicitado dinero para agilizar los trámites.
A considerar
- Entre 2019 y 2022 aumentaron 300% los predios que recuperó la FGJ de la CDMX por despojo.
- De acuerdo con el Artículo 237 del Código Penal de la CDMX, las penas para quienes ocupen a la fuerza o furtivamente ocupen un inmueble ajeno son de dos a cinco años de prisión y de cien a quinientas unidades de medida y actualización (UMAs), es decir, hasta 51 mil 870 pesos.
