Este próximo domingo la ex primera dama Sandra Torres intentará por tercera vez llegar a la presidencia de Guatemala.
En 2008 probó las mieles del poder cuando de la mano de su entonces esposo y presidente Álvaro Colom (2008-2012), dirigió el área social del gobierno, aunque su participación en el gobierno fue duramente criticada.
Torres llega al balotaje luego de que en la primera vuelta de 25 de junio alcanzó el primer lugar con 15,8% de votos. El segundo lugar lo obtuvo Bernardo Arévalo, postulado por el partido Movimiento Semilla, en su primera participación en elecciones presidenciales.
En la primera ronda la ex primera dama convenció a una parte de los guatemaltecos con el eslogan de “la era del orden y la transformación”. Pero para la segunda vuelta radicalizó su postura y se refirió a la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo y el rechazo al aborto.
La política de 67 años -empresaria y con una maestría en políticas públicas- es la candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por el que también llegó a la presidencia su exesposo y del cual es fundadora.
Torres se divorció en 2011 de Colom -fallecido en 2023- e inmediatamente inició su carrera política. Quiso participar en las elecciones pero la justicia se lo impidió por una prohibición constitucional sobre la participación en comicios presidenciales de familiares de presidentes en funciones. Se candidateó por primera vez en 2015, pero perdió la contienda ante el comediante Jimmy Morales. Lo volvió a intentar en 2019 en los comicios que le dieron la victoria a Alejandro Giammattei.
Exfuncionarios y cercanos aseguran que Torres es una política eficiente y que, durante su etapa como primera dama, administró programas de apoyo a familias pobres. Esas propuestas han sido la punta de lanza de su campaña, que incluye la entrega de bolsas solidarias de víveres a grupos vulnerables y la reducción de impuestos a la canasta básica.
Para la segunda vuelta Torres se alió al oficialismo, grupos de derecha radical, exmilitares -algunos acusados de crímenes de guerra-, alcaldes y grupos evangélicos para hacer llegar su mensaje y alcanzar la presidencia.
Torres va acompañada de Romeo Guerra, un pastor evangélico que renunció a su cargo de ministro de una iglesia a pocos días antes de anunciar su postulación para vicepresidente. Pese a que la constitución de Guatemala prohíbe las candidaturas de ministros de cualquier religión o culto, Guerra fue refrendado tanto por el ente rector electoral como por la Corte de Constitucionalidad.
En 2019 la ex primera dama fue procesada y enviada a prisión durante cuatro meses acusada de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado, aunque pasó la mayor parte del tiempo de reclusión en un hospital.
La Fiscalía investigaba el financiamiento de su partido pero Torres se libró de ser juzgada. Un fallo de la Corte de Constitucionalidad sostuvo que no podía ser procesada por el delito de financiamiento electoral no registrado gracias a una reforma penal aprobada previamente con el apoyo de su partido.
La fiscal general Consuelo Porras fue señalada por fiscales a cargo de la investigación contra Torres por retardar la investigación con el fin de beneficiarla.
Su alianza con el oficialismo no es nueva. Pese a que Giammattei en campaña prometió que iría presa por corrupción, nunca accionó contra ella. Los diputados al Congreso del partido que lidera Torres impulsaron junto al oficialismo leyes como la reforma del Código Penal de 2018 -durante la presidencia de Morales (2016-2020)- que benefició a los secretarios generales de los partidos políticos al quitarles responsabilidades directas por los aportes lícitos o ilícitos que llegaran a sus campañas.
Su partido también se ha aliado a Giammattei para aprobar y reformar normas que reducen los derechos de la ciudadanía como la Ley para la Protección a la Vida y la Familia, que endurece las penas contra el aborto y prohíbe el matrimonio igualitario. Alcaldes y funcionarios del gobierno de Giammattei apoyan su candidatura.
