La orden de un juzgado para que realice un dictamen de ratificación en el Congreso local para el exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Manuel Horacio Cavazos, quien fue denunciado en 2019 por la violación de sus dos hijas menores de edad, es la primera prueba de la solidez de la Ley 3 de 3 en la capital, explicó a Publimetro la activista Patricia Olamendi.
“El Poder Judicial le aceptó supuestamente un amparo, pero el amparo no dice que lo restituya en en ningún cargo, solo que el señor pudiera estar considerado, nos llama la atención, porque en realidad nunca debieron de haber convocado para discutir el tema”, sostuvo la doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y una de las principales promotoras de la Ley 3 de 3.
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En mayo los legisladores capitalinos aprobaron las reformas y adiciones conocidas como “Ley 3 de 3 contra la violencia” que más tarde fueron elevadas a rango constitucional por el Senado de la República; las cuales no permiten a violentadores de género y deudores alimentarios ocupar o contender por cargos públicos.
No obstante, a pesar de la reciente aprobación de la Ley 3 de 3, el pasado 15 de agosto en la sesión virtual de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se leyó un comunicado por el que se da a conocer la resolución emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, mediante el que se ordena a los legisladores emitir el dictamen de ratificación de Cavazos.
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En dicha sesión, la Comisión acordó a petición del diputado Jorge Gaviño, revisar el perfil de Manuel Horacio Cavazos, tanto su mérito como el proceso legal que se inició en su contra, antes de emitir cualquier dictamen de ratificación.
Lo anterior provocó la reacción de activistas como Olamendi y de al menos 20 organizaciones contra la violencia de género y vicaria; pero sobre todo la de la hoy exesposa de Cavazos López, Mariel Albarrán, quien lleva más de tres años luchando para que ella y sus hijas puedan acceder a la justicia.
En este sentido, Olamendi enfatizó que en el caso de Mariel y sus hijas ha habido una clara obstrucción de la justicia por parte del Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitaina, y detalló que urge que la Constitución de la CDMX se armonice con la federal en cuanto a la 3 de 3, pues en el Artículo 38 de la Carta Magna sí se especifica que perfiles como el de Cavazos no pueden ocupar cargos públicos.
“El artículo 38 de la Constitución federal es muy claro, o sea, no puede participar de un cargo público, si está vinculado a un proceso como tampoco si tiene una sentencia y este señor, pues tiene buen rato vinculado a proceso. Aquí hay que decirlo, también el Poder Judicial y la Fiscalía han estado obstruyendo el acceso a la justicia”.
— Patricia Olamendi.
“Un pederasta poderoso”
El 23 de septiembre de 2019, Cavazos López fue denunciado por Mariel Albarrán, por violencia sexual contra sus hijas que entonces tenían de 5 y 7 años de edad. Cinco meses después, en un hecho inédito, el TSJCDMX cesó a tres magistrados –entre los que figura Cavazos– por su mal desempeño y por estar relacionados con asuntos de violencia de género.
Sin embargo, a casi cuatro años de la denuncia el proceso sigue abierto y, mientras la FGJ de la CDMX le abrió siete carpetas de investigación a Albarrán Duarte, con respaldo del Poder Judicial, Cavazos López sigue sin ser juzgado e intentando volver a su cargo.
La madre de las víctimas, señala que aunque se han entregado pruebas periciales, valoraciones psicológicas y declaraciones de las menores de edad ante el Ministerio Público, la justicia no les llega.
“En este país es mucho más fácil –principalmente esta ciudad– llevar a las madres ante un juez. Actualmente tengo siete carpetas de investigación en mi contra ¿cuál es el delito? Haberme atrevido a denunciar a un pederasta poderoso, y digo poderoso porque pertenece al sistema de procuración de justicia. Ha sido arropado de todas las formas posibles y con nada podemos llevarlo ante un juez”
— Mariel Albarrán.
Albarrán, aclaró que la reinstalación en su puesto ya le fue negada al agresor. No obstante, esta pidió que lo reinstalen pues “se duele” y argumenta que “es trabajador”, por lo que pide consideren su desempeño, lo que la madre de la víctimas calificó como “inadmisible” y llamó a todos los partidos a que no que se sumen a su ratificación.
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Prometen que no pasará
Luego de una manifestación encabezada por Albarrán Duarte en las escalinatas del recinto legislativo de Donceles, la madre de las víctimas y un representativo de los colectivos fueron recibidos por representantes de los grupos parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
De acuerdo con Olamendi, en la reunión los legisladores de las distintas fuerzas políticas se comprometieron a que no pase el dictamen de la ratificación de Cavazos. “Ellos se comprometieron a que van a citar de inmediato para dejar claro que no va a pasar esa propuesta”, aseveró.
Por otra parte, la abogada informó que se solicitó la comparecencia de la titular de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy, y del presidente del TSJCDMX,Rafael Guerra Álvarez, por la obstrucción a la justicia de la que han sido víctimas Mariel y sus dos hijas.
Publimetro consultó al Royfid Torres de la Asociación Parlamentaria Ciudadana (Movimiento Ciudadano), sobre el tema de la ratificación del exmagistrado acusado de violación. En este sentido, el legislador local calificó como preocupante y aseguró que no es un asunto que debería estar a discusión.
“Es muy preocupante que estos perfiles siguen llegando al Congreso. Me parece ya una incongruencia, cuando el que no cumple los requisitos para estar aquí es él. Yo confío en que mis compañeros van a ser conscientes de lo que está pasando, van a escuchar a las víctimas, a las que hoy están manifestándose”.
— Royfid Torres.
