NUEVA YORK (AP) — El gobierno del presidente Joe Biden dictará por primera vez los niveles mínimos de dotación de personal de las residencias para ancianos en respuesta a los problemas sistémicos que salieron a la luz con las muertes masivas provocadas por el COVID-19, se informó el viernes.
Es una norma regulatoria que los defensores de los adultos mayores y personas discapacitadas pedían desde hace décadas, pero el umbral propuesto es mucho más bajo de lo que esperaban. Asimismo, provocó la ira del sector empresarial, según el cual se trata de un mandato imposible de cumplir.
Biden hizo la promesa en su discurso del Estado de la Unión en 2022, y los detalles fueron revelados cuando muchos estadounidenses han iniciado el fin de semana largo del Día del Trabajo.
“Establecer pautas mínimas de dotación de personal para los asilos mejorará la seguridad de los residentes”, dijo el secretario de Salud, Xavier Becerra. “Cuando las instituciones carecen de suficiente personal, los residentes sufren”.
La Asociación Estadounidense de Atención de la Salud (AHCA por sus siglas en inglés), la cámara empresarial del sector, calificó la propuesta de “incomprensible”, y sostuvo que agravará los problemas existentes y costará a los asilos miles de millones de dólares.
“Esperamos convencer al gobierno que nunca concrete esta norma que carece de fundamentos, fondos y realismo”, dijo el presidente de AHCA, Mark Parkinson, exgobernador demócrata de Kansas.
Las normas propuestas, que inician un período de debate público y tardarán años en entrar plenamente en vigor, requieren una dotación de personal equivalente a tres horas diarias por residente, de las cuales media hora corresponderán a enfermeras tituladas. Las normas también requieren la presencia de una enfermera titulada las 24 horas diarias.
Los asilos para ancianos tienen en promedio una dotación de personal de 3,6 horas diarias por residente, según informes del gobierno, y de enfermeras tituladas por encima de la media hora.
Pero el gobierno insiste que la mayoría de los aproximadamente 15.000 asilos del país, que alojan a 1,2 millones de personas, deberían aumentar sus dotaciones bajo las nuevas normas.
