MIAMI (AP) — La batalla legal de más de una década que libraron el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y uno de sus ministros por una serie de masacres extrajudiciales en su país durante 2003 terminó en Estados Unidos. Ahora las familias que los demandaron esperan que también se haga justicia en la nación sudamericana, donde ambos enfrentan acusaciones de genocidio.
Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa de Bolivia, José Carlos Sánchez, sellaron un acuerdo extrajudicial con las familias de ocho indígenas que murieron en las protestas de ese año y aceptaron pagar una indemnización por daños y perjuicios poniendo fin a un proceso judicial de 16 años, dijo el viernes Thomas Becker, uno de los abogados de los indígenas.
“Esto envía un mensaje claro al mundo entero de que ningún líder está por encima de la ley", dijo Becker en entrevista telefónica con The Associated Press. “Durante tanto tiempo los líderes mundiales se han refugiado en Estados Unidos después de cometer crímenes atroces. Este juicio ha mostrado que se les puede hacer responsables".
El monto de la indemnización y los detalles del acuerdo no fueron revelados por ninguna de las partes debido a la prohibición incluida en una cláusula de confidencialidad del acuerdo. Una declaración escrita de un párrafo firmada por ambas partes para anunciar el acuerdo indica que "la decisión de conciliar no significa que los Demandados admitan responsabilidad” por los hechos.
El pacto se selló dos años después de que un juez federal de Miami determinó que el expresidente y el exministro debían pagarles a las víctimas una indemnización de 10 millones de dólares. Los exfuncionarios rechazaron ese fallo y el caso se encontraba en una corte superior de apelaciones.
Como parte del acuerdo las familias aceptaron una cláusula que prohíbe “cualquier acción adicional de cualquier tipo” contra Sánchez de Lozada y Sánchez por los hechos de 2003 y se comprometieron a retirar la apelación. El caso se cierra pero se mantiene el veredicto que los encontró culpables.
Para las familias demandantes se trató de una búsqueda de justicia.
“Nosotros no hemos ido por la plata, nosotros hemos ido por la justicia”, dijo Teófilo Baltazar, uno de los demandantes, cuya esposa embarazada murió por el impacto de una bala que perforó la pared de su casa.
En entrevista telefónica con AP agregó que "nosotros hemos abierto una puerta, pero el gobierno (de Bolivia) no ha hecho nada. Esperamos que el gobierno ahora lo extradite”.
“Queda pendiente su extradición”, dijo desde La Paz el canciller Rogelio Mayta en un evento público en La Paz. Mayta, que hasta 2018 fue abogado de las familias, contó que fue una “dura” decisión ir a juicio civil debido a que encontraban poco probable que Estados Unidos extraditase a las exautoridades. “Estados Unidos ha mantenido un silencio sobre el pedido de extradición”, agregó a tiempo de celebrar el acuerdo.
El caso fue presentado en Estados Unidos en 2007 bajo una ley de protección a las víctimas de la tortura que autoriza a ventilar demandas por matanzas extrajudiciales ocurridas en otros países.
Los demandantes alegaron que ambos funcionarios planearon y ordenaron la matanza de miles de civiles para poner fin a la oposición a sus políticas.
La defensa dijo que el gobierno respondía a una crisis y que los civiles murieron por el fuego cruzado entre las fuerzas militares y los manifestantes y no debido a una matanza intencional.
Las protestas callejeras se produjeron durante la llamada “guerra del gas” en la que murieron 64 personas y más de 400 resultaron heridas. La mayoría de las muertes ocurrieron en la ciudad de El Alto, epicentro de las protestas y vecina a La Paz, cuyos habitantes son indígenas aymaras o descendientes de ellos.
Mauricio Balcázar, portavoz del expresidente, dijo que el proceso judicial estuvo basado en la utilización de las víctimas.
"Se ha utilizado la mentira, se ha utilizado una organización de abogados internacionales enorme y al fin se llegó a un acuerdo”, dijo Balcázar en una entrevista con El Deber Radio, de Bolivia.
Por su papel en las ejecuciones de 2003, en 2011 fueron condenados en Bolivia cinco comandantes militares que dependían de Sánchez de Lozada y Sánchez. El expresidente y su exministro fueron imputados pero no pudieron ser juzgados en ausencia. Están acusados de genocidio y de ser encontrados culpables en su país podrían enfrentar una condena de hasta 30 años de cárcel.
Stephen Raber, abogado de ambos en Estados Unidos, dijo a AP que el acuerdo le impedía hacer declaraciones o dar detalles.
Sánchez de Lozada y Sánchez viven en Estados Unidos desde que salieron de Bolivia tras las protestas en 2003. El gobierno boliviano ha pedido su extradición, pero Washington aún no la ha aprobado.
Sánchez de Lozada fue presidente entre 1993 y 1997 y nuevamente de agosto de 2002 a octubre de 2003. Sánchez fue su ministro de Defensa durante el segundo gobierno.
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La periodista de AP Paola Flores reportó desde La Paz.
