Las más de tres mil protestas que se realizan cada año en la Ciudad de México dejan pérdidas millonarias para comercios asentados en los corredores más concurridos de la capital, donde marchan y levantan la voz miles de mexicanos que exigen justicia, equidad de género, y un alto generalizado a la ola de violencia que azota a nuestro país desde hace más de una década.
De acuerdo con la Cámara de Comercio (CANACO) de la CDMX, una movilización multitudinaria por la que se cierran comercios en un lapso de dos horas provoca pérdidas por ventas no realizadas superiores a los 17 millones de pesos, mismas que pueden incrementarse con actos violentos que dañan el patrimonio de la iniciativa privada.
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Sin embargo, organizaciones como el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño) estiman que estas pérdidas pueden alcanzar los 100 millones de pesos por día de manifestación.
Datos de la Secretaría de Gobierno de la CDMX señalan que en los últimos años la mayoría de las protestas sociales se realizaron en forma de concentraciones de personas o bloqueos; mientras que las de mayor magnitud son las marchas que, desde hace más de una década, se han visto infiltradas por grupos radicales denominados como “anarquistas”, que se encargan de reventar las movilizaciones y realizar destrozos.
Son los negocios y establecimientos ubicados en el corredor Reforma, Avenida Juárez y en calles como 5 de Mayo con dirección al Zócalo –ruta por donde transitan cerca del 50% de las manifestaciones en la capital– los que suelen recibir mayores daños por marchas que se realizan periódicamente como las del 26 de septiembre, 2 de octubre y 8 de marzo.
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Según el análisis “La protesta social en la Ciudad de México”, las inconformidades traducidas en protesta en la capital pueden ser de carácter federal o local, y generalmente son protagonizadas por organizaciones de comunidades indígenas, asociaciones, colectivos, sindicatos, trabajadores, habitantes de la metrópoli, comerciantes y transportistas.
Marcha por los 43 deja pérdidas y preocupación rumbo al 2 de octubre
Tras las movilizaciones del pasado 26 de septiembre con motivo de la conmemoración del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, la Cámara de Comercio local registró una cifra récord en pérdidas de establecimientos comerciales.
“Estamos hablando que fueron afectados 7 mil 802 establecimientos, de los cuales 4 mil 595 son comercios y 3 mil 302 se dedican a los servicios”, explicó José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la CANACO CDMX, quien añadió que la merma por ventas no realizadas fue de 20 millones de pesos, y de 30 millones de pesos en pérdidas por daños a los establecimientos, la cifra más alta en los últimos nueve años.
El presidente de la Cámara cuestionó que aunque los comercios cumplen con los protocolos de cerrar sus negocios para evitar daños, los locales son atacados sin que las autoridades locales intervengan.
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“Lo que hacen los negocios es cerrar las cortinas, pero aún cerrando las cortinas, aún así se violentaron. Eso es lo más grave. Es la ausencia de la autoridad” enfatizó Rodríguez, quien añadió que desde la CANACO se pide que se contengan los grupos radicales que le quitan legitimidad a las protestas con actos violentos. “La Cámara no pide represión, ni pide que los agredan, la cámara lo que pide es que los contengan”.
La Cámara de Comercio local, recalcó que el gobierno capitalino no puede dar el mismo mensaje de ausencia en las próximas marchas, como ocurrió el pasado 26 de septiembre. " Estamos cerca de recibir el 2 de octubre y no queremos que vuelva a reiterar”, aseveró Rodríguez Cárdenas.
Las claves
- De acuerdo con la CANACO, cada año los negocios y comercios organizados de servicios y turismo capitalinos invierten una cifra superior a los 500 millones de pesos al año en seguridad para proteger su patrimonio.
- Solo entre las marchas del 8 de marzo y del 26 de septiembre la CANACO reportó pérdidas por más de 57 millones 400 mil pesos.
- En el Artículo 6 de la Constitución señala que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.
