SAO PAULO (AP) — El gobierno de Brasil comenzó el lunes a expulsar a personas no indígenas de dos territorios de pueblos nativos, una medida que afectará a miles de personas que viven en el centro de la selva tropical de la Amazonia.
La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) dijo en un comunicado que el objetivo es regresar los territorios de Apyterewa y de Trincheira Bacaja, en el estado de Pará, a los pueblos indígenas. No precisó si la expulsión de los no indígenas ha sido totalmente pacífica.
Los territorios están ubicados alrededor de los municipios de Sao Félix do Xingu, Altamira, Anapu y Senador José Porfirio, en el estado de Pará. El gobierno brasileño dijo que el Supremo Tribunal Federal y otros jueces habían ordenado la operación.
Grupos indígenas estiman que más de 10.000 personas no indígenas viven dentro de los dos territorios. ABIN señaló que hasta 2.500 personas indígenas viven en 51 aldeas de la zona.
“La presencia de forasteros en territorio indígena amenaza la integridad de los indígenas y causa otros daños, como la destrucción de los bosques”, dijo la agencia en su comunicado. Añadió que unas 1.600 familias viven ilegalmente en esa región, y que algunas de ellas están involucradas en actividades ilícitas, como crianza de ganado vacuno y la minería de oro, “además de destruir la vegetación autóctona”.
El territorio Apyterewa fue el más deforestado de Brasil durante cuatro años consecutivos, según datos oficiales. Imágenes obtenidas por medios de comunicación locales y compartidas en las redes sociales en septiembre mostraban a cientos de personas no indígenas viviendo en una ciudad recién construida con restaurantes, bares e iglesias en tierras de los parakana.
Otras dependencias que participaron en las acciones del lunes fueron el Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA), la policía federal y las fuerzas armadas, entre muchas otras. Varios de esos organismos se vieron debilitados e hicieron poco para proteger los territorios indígenas durante el gobierno del presidente derechista Jair Bolsonaro de 2019 a 2022.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó a reconstruir los organismos de protección del medio ambiente y hasta ahora ha creado ocho áreas protegidas para los pueblos indígenas. Poco después del inicio de su presidencia, su gobierno expulsó a miles de garimpeiros (mineros clandestinos de oro) del enorme territorio indígena yanomami en el estado norteño de Roraima.
Las autoridades estatales y federales también expulsaron este año a los invasores de tierras del territorio del Alto Río Guama. Amenazaron con expulsar por la fuerza a los colonos que no se marcharan y se comprometieron a eliminar los caminos de acceso y las instalaciones irregulares; casi todos los residentes ilegales se marcharon voluntariamente.
La invasión de estos territorios en los últimos años llevó el jueves al máximo tribunal brasileño a consagrar los derechos territoriales indígenas al rechazar una demanda respaldada por granjeros que pretendía impedir que un grupo indígena ampliara el tamaño de su reclamo territorial.
En el caso presentado ante el tribunal, el estado de Santa Catarina argumentó que la fecha de promulgación de la Constitución de Brasil —el 5 de octubre de 1988— debería ser la fecha límite para cuando los pueblos indígenas hubieran ocupado ya físicamente tierras o estuvieran luchando jurídicamente por reocupar territorios. Nueve de los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil fallaron en contra de este argumento, una decisión que tiene implicaciones de gran alcance para los territorios de todo el país.
