CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Miles de personas bloqueaban el lunes varias carreteras de Guatemala en protesta por las acciones de la fiscalía que el fin de semana secuestró las actas que registraron el paso a la segunda vuelta electoral del progresista Bernardo Arévalo, quien finalmente ganó la presidencia.
Indígenas y campesinos anunciaron un paro nacional ante la arremetida de la fiscalía contra el proceso electoral que también ha incluido allanamientos, revisión de votos, órdenes de aprehensión y solicitudes de levantamiento de inmunidad de los magistrados electorales.
A casi 12 horas de haber iniciado los bloqueos los manifestantes permanecen aún bloqueando los tramos carreteros.
Israel Choy, autoridad de la alcaldía indígena Ancestral de Santa Lucía la Reforma, del departamento de Totonicapán, viajó toda la madrugada desde su comunidad para llegar el lunes por la mañana a la capital guatemalteca y participar en la protesta frente a la sede de la Fiscalía General. “Estamos aquí para pedir la renuncia de la fiscal general, no nos vamos a ir hasta que nos dé una respuesta”, dijo Choy.
Los protestantes con velas, flores, carteles, vuvuzelas y proclamas piden ser escuchados. De lo contrario, advierten que mantendrán un bloqueo indefinido. “Ellos están pensando un golpe de Estado, pero el pueblo no lo acepta, por eso fueron a sacar las cajas con las votaciones”, dijo Choy y agregó que cree que hay un interés detrás de esas acciones de la fiscalía.
Al mediodía el presidente electo se reunió con los magistrados electorales para mostrarles su apoyo, mientras éstos llamaron a la población y a los políticos electos a “cerrar filas para hacer valer lo que los ciudadanos eligieron”.
Arévalo dijo que “la crisis” que vive el país se debe a que “algunas autoridades están actuando ilegalmente, pero con apariencia de legalidad”.
El magistrado Mynor Franco, de 70 años y quien el sábado se enfrentó a fiscales y policías pidiéndoles no llevarse las actas, dijo en conferencia de prensa que lo hecho por la fiscalía “fue un asalto al Tribunal Supremo Electoral".
"Cuando vienen con el rostro cubierto y lentes oscuros en la mañana, uno dice ¿son delincuentes o autoridad? Vienen con placas cubiertas”, aseguró.
El presidente electo dijo que mantuvo una conversación con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en la cual se trató la situación de Guatemala y la preocupación por la democracia del país.
Aleisar Arana, autoridad indígena del Parlamento Xinca, dijo a The Associated Press que en el país “se está viviendo un golpe de Estado, un golpe a la democracia y al Estado de Derecho que afecta a las comunidades de toda la nación”.
Arana —una de las autoridades indígenas que convocaron a la protesta nacional— aseguró que las manifestaciones se mantendrán hasta que haya una respuesta a su pedido de renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y que la Corte de Constitucionalidad resuelva las peticiones planteadas para poner fin a “las acciones abusivas” de la fiscalía.
“La Corte de Constitucionalidad puede contener todo lo que está pasando y devolvernos la paz y así tranquilos esperar la toma de posesión de las nuevas autoridades electas”, dijo Arana.
Agregó que “Guatemala siempre ha sido un Estado opresor para los pueblos indígenas, pero ahora se está complicando más, están apretando más la situación para que nosotros vivamos en un Estado de inseguridad, sin democracia”.
El sábado y luego de un allanamiento la fiscalía, acompañada de al menos 100 agentes de policía, secuestró miles de actas que contenían los resultados de la primera vuelta electoral en la que 22 partidos políticos se disputaron más de 4.000 cargos públicos.
El secuestro de las actas fue transmitido en vivo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se pudo observar cómo policías y miembros de la fiscalía empujaban e insultaban a los magistrados electorales que intentaban impedir que se llevaran las actas. La ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, otorga sólo al TSE la custodia y guarda del material electoral.
La comunidad internacional, la Organización de los Estados Americanos (OEA), empresarios, estudiantes, profesionales, religiosos y gremios han manifestado su rechazo a las acciones de la fiscalía.
Arévalo, quien ya fue oficializado como ganador de las elecciones y deberá tomar el cargo el 14 de enero de 2024, ha denunciado que la fiscal general Porras dirige un golpe de Estado con el fin de impedir que él tome posesión del cargo. La fiscalía ha negado las acusaciones.
La fiscalía tiene más de 15 denuncias contra el proceso electoral y el Movimiento Semilla que llevó a la presidencia a Arévalo, que aceleró cuando éste ganó la presidencia.
Porras, así como el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana —que acumula las denuncias contra el proceso electoral— han sido sancionados por el gobierno estadounidense por obstruir la lucha contra la corrupción, socavar la democracia en Guatemala y emitir resoluciones judiciales con fines políticos.
