La tarea del Consejo Judicial Ciudadano (CJC), órgano designado por el Congreso de la Ciudad de México para considerar la ratificación de la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, Ernestina Godoy; se complica mientras avanza el proceso de evaluación del desempeño de la actual fiscal capitalina, pues víctimas y organizaciones piden ser escuchadas para impedir que la funcionaria se mantenga en el cargo.
Este 4 de octubre, personas que se asumen como víctimas del mal actuar de la FGJ durante la gestión de Godoy, como Alejandra Cuevas, Nohemí Bohórquez e integrantes del Frente Cívico Nacional (FCN), y el senador de la CDMX, Emilio Álvarez Icaza, externaron su preocupación por la transparencia del proceso que realiza CJC, el cual analiza la ratificación de Godoy Ramos.
Te puede interesar: Sin oposición y en “fast track”! Aplanadora de Morena aprueba “Ley Godoy” en Congreso CDMX
“Exigimos al Consejo Judicial Ciudadano, el cual tiene la obligación de evaluar dicha posibilidad, que, antes de tomar la decisión, haga honor a su carácter de ciudadano y establezcan audiencias públicas para escuchar a los capitalinos”, externó Fernando Belaunzarán, quien cuestionó el papel de Godoy Ramos al frente de la Fiscalía.
Según Belaunzarán, quien le dio voz a un grupo denominado Coalición #NoMásFiscalCarnala, refirió que la actual titular de la FGJ debe explicar casos la intervención de la Fiscalía para impedir que se citara a comparecer a Florencia Serranía por el accidente de la Línea 12 del Metro; por la fabricación de delitos contra Laura Morán y Alejandra Cuevas; y la criminalización de Viviana Salgado, quien fue encarcelada porque se le cayeron unas aspas de lavadora a las vías del Metro, entre otros.
Las víctimas
En contraste con las posturas como la del jefe de Gobierno de la CDMX, MartÍ Batres, quien en cada oportunidad destaca el trabajo de la actual fiscal para la impartición de justicia en la capital; las víctimas del actuar de la FGJ aseguran que la labor de Godoy es cuestionable, facciosa, y que ha violado los derechos humanos de decenas de personas.
No te pierdas: ¿Qué reformas aprobó el Congreso de la CDMX a la Ley Orgánica de la Fiscalía?
Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas quien fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla por más de 17 meses luego de que la Fiscalía capitalina le atribuyera el fallecimiento de Federico Gertz –hermano del Fiscal General de la República (FGR)– bajo la figura de homicidio en perjuicio –inexistente en la ley– acusó a Godoy de violar los derechos de su madre.
Cabe señalar que Cuevas fue detenida en octubre de 2020, y estuvo detenida por año y medio hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que fue incorrecto atribuirle el fallecimiento de Federico Gertz.
Por su parte, Noemy Bohórquez, denunció que el 16 de agosto del 2022 quien era su jefe directo, Renato Josafat Molina, entonces director general de regularización territorial del Gobierno de la Ciudad de México, abusó sexualmente de ella, y pese a que se presentó una denuncia un día más tarde por abuso y acoso sexual agravado por funcionario público ante la FGJ, su carpeta de investigación ha tenido nulos avances.
EL DIA DE HOY FUI AGREDIDA SEXUAEMTE POR EL LIC. RENATO JOSAFAT MOLINA ARIAS, DIRECTOR GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. pic.twitter.com/DKEJIhustY
— Noemy C. Bohórquez (@NoemyBohorquez) August 17, 2022
Bohórquez detalló que su caso ha pasado por cuatro Ministerios Públicos, quienes se han negado a darle seguimiento a su caso e, incluso, le han solicitado el acta de nacimiento de su agresor para avanzar con su carpeta, por lo que refirió que la FGJ podría estar encubriendo agresores sexuales afines al gobierno local. “A mí me hacen pensar que encubren agresores, y mi agresor sexual el día de hoy es coordinador de Claudia Sheinbaum en Zacatecas”, sostuvo.
También puedes ver: Consejo Judicial Ciudadano hará consulta pública para ratificación de Ernestina Godoy
El proceso de ratificación
A inicios de mayo de 2023, la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el Partido del Trabajo (PT) en el Congreso capitalino, aprobaron tras una trifulca, sin oposición y en “fast track” las modificaciones a los artículos 42, 99 y la adición del Artículo 42 Bis de la Ley Orgánica de la FGJ de la CDMX, con los que se dieron atribuciones al CJC para que se encargara de emitir una opinión para ratificar a la fiscal.
Entonces se argumentó que las reformas únicamente obedecían a la simplificación del proceso para elegir o ratificar al titular de la FGJ; no obstante, partidos de oposición como el Partido Acción Nacional (PAN) llamaron a las modificaciones “Ley Godoy” y señalaron que se buscaba la ratificación automática de Godoy.
Dos meses después (el 10 de julio), el Congreso de la CDMX aprobó a los 11 integrantes del CJC, el cual programó cuatro sesiones ordinarias los días 25 de septiembre, 3, 9 y 16 de octubre, y el 18 de septiembre se instaló el Consejo en el recinto legislativo de Donceles.
Entonces su presidente, Jorge Nader Kuri, anunció que en un plazo de 30 días naturales desarrollarían y aplicarían un método de evaluación del desempeño de Godoy para emitir una opinión “sólida y transparente” sobre la ratificación de la fiscal.
Previo a la segunda sesión del CJC, llevada a cabo el 3 de octubre, el órgano encargado de evaluar la gestión de la fiscal en turno, emitió un comunicado en el que adelantó que se realizará una consulta pública y abierta a la ciudadanía, organizaciones civiles, académicas, empresariales, y de profesionales del derecho, entre otros instrumentos de evaluación, para este proceso.
Sin embargo, el Consejo aclaró que no está en sus “atribuciones abrir un proceso de recepción personalizado de quejas, denuncias, opiniones o valoraciones de casos específicos”, sobre el actuar de Godoy Ramos.
Lo anterior fue visto con preocupación por los opositores a la ratificación de la fiscal, quienes piden al CJC transparencia, y que no se nieguen a escuchar a las víctimas.
El senador Álvarez Icaza, recalcó que es un asunto del orden y del interés público, y explicó que aunque el CJC informó que recibirá correos electrónicos hasta el 15 de octubre, el órgano debe transparentar cuántas personas se inscriben a las audiencias, y agregó que estas deben ser transmitidas por su carácter de interés público.
“Hago un llamado personal al presidente del consejo al doctor Jorge Nader para que ayude a la garantía de transparencia”, sostuvo el legislador, que pidió no al CJC no ser omiso y prestarse a lo que llamó, un caso más de simulación.
Integrantes del CJC
- Jorge Nader Kuri (presidente)
- Irving Pedro Chegüe Luna
- Carlos Edmundo Cuenca Dardón
- Gabriela De la Torre Mercado
- Teresa Mercedes Hernández Morales
- Héctor Muñoz Ibarra
- Sandra Margarita Rivas González
- Emiliano Robles Gómez Mont
- Alejandra Monserrat Romero Galván
- José Francisco Sánchez Magallán González
- Barbara Yllan Rondero.
El dato
- El plazo de 30 días naturales para que el CJC aplique el método de evaluación del desempeño de Godoy que les permita emitir su opinión sobre la ratificación de la fiscal vence el próximo 18 de octubre.
