MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La organización recuerda que el abuso sexual es "una de las formas más graves de violencia contra la infancia y adolescencia" y, además, "una de las más ocultas". Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes.
"Estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse", ha señalado la directora de incidencia social y política en Save the Children, Catalina Perazzo.
Atendiendo al perfil del agresor, en el 40% de los casos es un familiar, en el 42%, un conocido no familiar y en el 17%, de un entorno desconocido. Aunque no se ha podido detallar la edad media ni el sexo, el informe señala que las principales figuras afresoras son el padre o la pareja de la madre. Además, el 96% de los abusadores no tiene antecedentes penales relacionados con violencia sexual.
En cuanto a la víctima, el estudio señala que la edad media a la que empiezan los abusos son los 11 años, y que en un 80,3% de los casos la víctima es una niña o una adolescente.
Además, el estudio revela que ha aumentado el tiempo de duración de los procesos ya que en el periodo analizado anterior, el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los 2 años mientras que ahora, ese porcentaje ha bajado hasta un 23,5%.
Los datos indican también que hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta tres veces en policía, fiscalía y juzgado. En un 75% de los casos no consta que se haya utilizado la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan que repetir esa declaración en reiteradas ocasiones.
Del total de cerca de 400 sentencias analizadas, 56 terminaron en la absolución del acusado y en 38 de estos casos fue por falta de pruebas. Si bien, desde Save The Children advierten de que el heco de que en la mayoría de los casos haya condena "no quiere decir que el proceso haya estado a la altura de la infancia".
En el caso de Carmen Corrales, gaditana de 26 años, que ha denunciado haber sufrido abusos sexuales desde los 10 hasta los 14 años por parte de su abuelo, tuvo que declarar hasta cinco veces ante diferentes instituciones siendo todavía menor de edad.
"Eran sitios muy oscuros, con cámaras grabándote, haciéndote un montón de preguntas varias horas, te dejaban sola, en fin, lo que no debería vivir una víctima", ha recordado, al tiempo que ha señalado que una de las primeras preguntas que le hicieron, cuando denunció a los 17, acompañada por sus padres, fue "por qué había tardado tanto" en denunciar. Carmen lleva 8 años y medio esperando un juicio y dice que necesita "justicia para pasar página".
Save the Children recuerda que, tal y como indica la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ahora dos años, es necesario que el Gobierno desarrolle una legislación específica para que exista una justicia especializada en violencia contra la infancia.
Para ello, la ONG pide la implantación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia; la creación de una Fiscalía específica que participe en todos los procesos donde haya un niño o niña víctima; la formación de todos los operadores jurídicos y asistencia jurídica a las víctimas, desde el inicio hasta el final del proceso y asegurando su gratuidad en los casos que marca la ley.
Además, pide la realización de exploraciones y pruebas preconstituidas, con el objetivo de que el niño o la niña no tenga que repetir su declaración en varias ocasiones y evitar la revictimización de las víctimas. Según lamenta la organización "hoy en día todavía es una práctica habitual" que el menor tenga que contar lo sucedido en más de una ocasión.
Save the Children apuesta también por implantar en todas las comunidades autónomas el modelo nórdico Barnahus ('casa de los niños', en islandés), un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para evitar la victimización secundaria.
Desde la apertura de la primera Barnahus en 2020 en Tarragona, otras comunidades autónomas como Andalucía, Euskadi, Cantabria, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Islas Baleares o Navarra están siguiendo el mismo camino. Además, el proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa sobre la Barnahus en España para los años 2022 a 2024, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, tiene como objetivo mejorar el marco legislativo y de políticas públicas para introducir este modelo en las distinas comunidades autónomas.
En todo caso, la ONG ha lamentado que en la legislatura pasada ya se impulsaron tres proyectos de ley para reformar el sistema de justicia que eran una oportunidad para poder mejorar la atención a la infancia en la justicia española, pero han decaído.
"Necesitamos una justicia a la altura de la infancia, no podemos seguir en un país en el que denunciar una situación de violencia sexual suponga un calvario para las víctimas, una revictimización. Es necesario especializar la justicia", ha subrayado la responsable de Políticas de Infancia de Save the Children, Carmela del Moral.
Además, Del Moral ha insistido en la importancia de la prevención, implementando políticas de salvaguarda, y de la educación afectivo sexual, porque considera que es "la herramienta más poderosa para luchar contra el abuso sexual en la infancia" ya que permite a los niños entender que "nadie tiene derecho a tocarles de manera sexual" y "que lo que les hace el abusador no es normal".
