Abogados de Texas pidieron el jueves a un tribunal federal que le permita al estado mantener las barreras de concreto flotantes en el río Bravo para impedir el cruce de migrantes, pese a que el gobierno federal sostiene que fueron erigidas sin autorización de Washington.
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Los argumentos presentados ante los tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans se centraron en si en la zona fronteriza cerca de Eagle Pass puede ser usada para la navegación comercial.
Lanora Pettit, abogada del estado de Texas, declaró que esa parte baja y rocosa del río Bravo —conocido como río Grande en Estados Unidos— claramente no es navegable y es poco probable que jamás lo sea. Añadió que el gobierno federal sólo “está tratando de impedirle al estado tomar medidas para proteger a sus ciudadanos de actividades criminales y violentas”.
Michael Gray, del Departamento de Justicia federal, argumentó que la barrera sí viola la ley federal, señalando que en el pasado ha habido tráfico marítimo allí, incluso de naves del Servicio Guardacostas y de la Comisión Internacional de Recursos de Agua, y que están en curso proyectos para hacer que ese trecho sea más navegable.
Los jueces no indicaron cuándo emitirán un fallo. Y, si bien sus preguntas dieron poco indicio de hacia qué lado se inclinan, la jueza Dana Douglas pareció rechazar el argumento de Pettit de que la barrera no es una obstrucción permanente, por lo que requeriría un aprobación federal.
“Se necesitarían varias semanas, equipos pesados y por lo menos 300 mil dólares para remover esas barreras, ¿es eso correcto?”, indagó Douglas.
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Respondió Pettit: “Para retirarlas por completo, se requerirá cierto tiempo, un par de semanas, sí. Sin embargo, la evidencia registrada muestra también que son estructuras temporales y así diseñadas”.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, declarando que el estado estaba siendo invadido por migrantes, ordenó el verano pasado desplegar el cordón de unos 300 metros de grandes boyas esféricas en el río cerca de Eagle Pass.
