MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La resolución indica que "corresponde a la competencia penal en caso de haberse posiblemente incurrido en ilícitos previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y respetando los lineamientos y alcances determinados en este fallo, la suspensión provisional de la inscripción de las organizaciones políticas, bajo la estricta responsabilidad de los entes que solicitan y decretan".
"En caso de infracciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, corresponde al ámbito electoral, por vía del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través del Registro de Ciudadanos, (...) decretar la suspensión o cancelación de las organizaciones", reza el texto, por lo que "exhorta" al TSE "para que ejercite, de ser el caso, las acciones que corresponden contra los partidos políticos que hayan incurrido en causales de suspensión o cancelación" y "se aplique tal consecuencia por su infracción".
El tribunal, no obstante, se ha limitado a insistir en que la suspensión de organizaciones políticas debe realizarse bajo estrictos fundamentos de legalidad, y, a la vez, debe ser estrictamente indispensable. Sin embargo, numerosos sectores de la sociedad guatemalteca han advertido de violaciones constitucionales en las acciones del Ministerio Público, liderado por Consuelo Porras, y el juez penal Fredy Orellana.
"GUATEMALA ESTÁ DETENIDA"
El presidente electo, Bernardo Arévalo, ha señalado tras la resolución del CC que "Guatemala está detenida" por "los autoritarios que se niegan a aceptar la voluntad del pueblo". "No está detenida por quienes están resistiendo en las calle, aunque molesten a ciertos sectores. Ellos están luchando por la democracia", ha manifestado.
Por su parte, el líder de la bancada del Movimiento Semilla en el Congreso guatemalteco, Samuel Pérez, ha lamentado que "la CC acaba de tumbarse la última vía institucional": "Le regaló Guatemala a un grupo de golpistas", ha aseverado a través de su perfil en la red social X, antes Twitter.
Por el momento, se desconoce el alcance de esta resolución, que ha llegado semanas después de que el TSE presentara una cuestión de competencia con el fin de determinar si un juez penal puede suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, que fue constituido bajo el amparo de la ley electoral de partidos, también de carácter constitucional.
Tras la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche, trató de cancelar la personalidad jurídica de Semilla por supuestas anomalías en su inscripción, avalada por el juez séptimo penal, Fredy Orellana. No obstante, la CC revocó el fallo y señaló que el candidato de dicho partido, Bernardo Arévalo, podía competir en la segunda vuelta, comicios en los que salió vencedor.
Después de su victoria, el fiscal volvió a suspender al Movimiento Semilla, a través del encargado del Registro de Ciudadanos, que consideró que el amparo de la Corte de Constitucionalidad no tenía vigencia. Entonces, el TSE revertió el fallo, pero la Fiscalía continúa realizando acciones judiciales en contra del proceso electoral, llegando a registrar la sede de la máxima autoridad electoral, donde se incautó de actas presidenciales.
Desde que Semilla consiguiera unos resultados sorprendentes --en comparación con lo que auguraban los sondeos-- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.
