SAN DIEGO (AP) — El gobierno estadounidense no podrá aplicar durante ocho años las políticas migratorias donde los padres e hijos son separados, según un acuerdo judicial presentado el lunes que también proporciona a las familias divididas bajo el gobierno del entonces presidente Donald Trump un estatus legal temporal y ayuda para vivienda a corto plazo.
El acuerdo entre el gobierno de Biden y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), de ser aprobado por un juez, prohibirá al menos temporalmente la política de “tolerancia cero” hacia la inmigración no autorizada bajo la cual Trump separó a miles de familias en la frontera con México.
“Nuestra intención es hacer todo lo posible para asegurarnos de que la crueldad del pasado no se repita en el futuro. Establecimos procedimientos a través de este acuerdo de conciliación para avanzar en ese esfuerzo”, dijo a The Associated Press el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Trump, que aventaja los sondeos para la nominación presidencial republicana, no ha descartado revivir la polémica táctica en la frontera con México de cara a las elecciones de 2024.
Durante su gobierno, la política separó a miles de niños de sus padres o tutores con quienes viajaban al tiempo que intentaba procesar penalmente a personas por cruzar la frontera sin autorización legal. Los menores no pueden permanecer bajo custodia penal con sus padres. Fueron transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos y luego en su mayoría enviados a vivir con un patrocinador, a menudo un pariente u otra persona con una conexión familiar.
Los fallidos sistemas de seguimiento de las autoridades federales provocaron que muchos quedaran separados mucho tiempo o que nunca se reunieran con sus padres. Ante una fuerte oposición, Trump finalmente cambió de rumbo en 2018, días antes que un juez detuviera la práctica tras una demanda presentada por la ACLU. Durante un foro público de CNN a principios de este año, Trump no descartó ni una sola vez la separación de familias.
Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU, elogió el acuerdo.
“Este acuerdo significa que los bebés y los niños pequeños finalmente podrán ver a sus padres después de años separados y que estas familias que sufren tendrán la oportunidad de solicitar un estatus legal. También impide de manera crucial un intento por parte de una futura administración de recrear otra política de separación familiar”, afirmó Gelernt. “Nada puede recuperar la integridad de estas familias, pero esto es al menos un comienzo”.
El presidente Biden emitió una orden ejecutiva en su primer día en el cargo para reunir a las familias. Según cifras publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional en febrero, 3.881 niños fueron separados de sus familias entre 2017 y 2021. Alrededor del 74% de ellos se han reunido con sus familias: 2.176 antes que se creara un grupo de trabajo del gobierno Biden y 689 después.
Cientos de familias demandaron al gobierno federal, solicitando tanto compensación monetaria por daños como cambios en la política.
En 2021, el gobierno planteó un posible pago de cientos de miles de dólares a cada padre y niño separados bajo las políticas de Trump, pero las conversaciones se estancaron en ese punto.
Sin embargo, el acuerdo propuesto proporciona beneficios clave, incluyendo la autorización para que los padres de niños separados puedan ingreasar a Estados Unidos bajo un permiso humanitario durante tres años y trabajen en el país. Las familias reciben ayuda para vivienda por hasta un año y beneficios médicos y de salud conductual diseñados para abordar algunos de los traumas asociados con las separaciones.
El secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo que la práctica de separar familias era “vergonzosa” y que el acuerdo propuesto brindará a los afectados un apoyo fundamental para recuperarse.
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Santana informó desde Washington.
