CARACAS (AP) — El gobierno de Venezuela y un sector de la oposición reanudaron el martes los diálogos suspendidos desde hace un año y acordaron trabajar en un plan que genere las condiciones políticas para realizar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.
En una ceremonia en Barbados, transmitida por la televisión estatal venezolana, representantes de ambas partes suscribieron dos acuerdos parciales en materia de promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos.
Los acuerdos fueron firmados a cinco días de que la oposición realice unas elecciones primarias para escoger a su candidato para los próximos comicios presidenciales.
La suscripción estuvo a cargo de Jorge Rodríguez, jefe de la comitiva del gobierno de Nicolás Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, y de Gerardo Blyde, representante de la llamada Plataforma Unitaria Democrática, un bloque opositor que desde 2021 intentó dialogar en México con representantes del gobierno venezolano.
Rodríguez dijo que se acordó que las elecciones presidenciales se realicen en el segundo semestre del 2024 y que participen todos los candidatos presidenciales, incluido el ganador de las primarias del domingo, aunque acotó que eso “siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar”. No abundó en esos requisitos.
Blyde, por su parte, dijo que se firmó un acuerdo para que se recupere la confianza en el voto y traza “una ruta para que los inhabilitados y los políticos recuperen sus derechos con celeridad”.
La reanudación de los diálogos, suspendidos desde noviembre de 2022, se realizó bajo la mediación de Noruega.
Dag Nylander, en representación de gobierno noruego, expresó su satisfacción tras considerar que la mesa de diálogo logró “avances significativos en temas esenciales”. Destacó que aún queda mucho camino por recorrer para superar la polarización y confrontación, pero es un punto de partida rumbo el establecimiento de “reglas claras de convivencia política y social en Venezuela”.
Una persona familiarizada con las discusiones, dijo el lunes a The Associated Press que el cumplimiento de lo acordado llevaría a Estados Unidos a aliviar algunas de las sanciones energéticas contra la administración de Maduro.
“Este es el primer paso de un acuerdo mucho más amplio que está en plena evolución”, dijo por su parte Rodríguez, sin dar detalles.
“En los próximos días podremos ver algunos de los resultados que tienen como corolario el acuerdo que se ha afirmado el día de hoy”, añadió, en un contexto nacional de larga crisis social, política y económica que ha forzado a siete millones de personas a migrar.
Rodríguez refirió que las partes acordaron hacer los esfuerzos para preservar los activos de Venezuela en el exterior, entre ellos la propiedad de Citgo, una filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, cuyas acciones podrían subastarse próximamente como parte de una medida para compensar lo que perdió la minera canadiense Crystalex tras ser expropiada hace unos años.
Desde 2021, el Departamento del Tesoro había extendido anualmente una medida de protección que impidió a los acreedores de Venezuela vender las refinerías de Citgo para que se les honren las deudas. Pero el Tesoro no ha emitido esa extensión, con lo cual los acreedores podrían insistir en que se usen los activos de Citgo para obtener una compensación.
Maduro ha exigido que Estados Unidos retire las sanciones en contra de su administración para avanzar en los diálogos con la oposición. Además exige que se descongelen los fondos venezolanos retenidos en el extranjero.
La Plataforma Unitaria, por su parte, ha pedido que se cumpla el memorando de entendimiento, que contempla la celebración de elecciones libres, que no haya presos ni perseguidos políticos, que cesen las violaciones a los derechos humanos y que se generen condiciones para recuperar la economía.
La Plataforma también exige al gobierno levantar las inhabilitaciones, entre ellas, la de la exlegisladora María Corina Machado, quien es la favorita a ganar las primarias del próximo domingo.
En Venezuela, la inhabilitación política es una pena accesoria que aplica cuando existe una sentencia judicial firme por un hecho punible cometido por una persona y se determina que, además, incurrió en abuso de poder, del cargo, entre otros casos previstos en las leyes locales.
Nunca hubo una sentencia firme de algún tribunal venezolano que avalase la inhabilitación.
El levantamiento de las inhabilitaciones depende en gran medida de la voluntad de las autoridades. El Tribunal Supremo de Justicia, la fiscalía general, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, la autoridad electoral, entre otras instancias y organismos, son señalados de estar controlados por el gobierno.
