SANTIAGO (AP) — Chile recuerda el miércoles el cuarto aniversario de un violento estallido social seguido de masivas protestas mientras la mayoría de las demandas para terminar con la desigualdad siguen sin respuestas.
El gobierno del presidente Gabriel Boric desplegó en las calles a 5.000 policías —3.000 en la capital y el resto en ciudades del interior— para controlar el orden público en prevención de posibles desórdenes.
Un par de encapuchados rayaron las puertas metálicas del Café Literario, un lugar de encuentro de lectores y de realización de actividades culturales reinaugurado la víspera luego de que fuera dos veces vandalizado tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.
En aniversarios anteriores se han registrado desmanes protagonizados por encapuchados mientras algunos grupos de personas recordaban la fecha en la Plaza Italia, centro de las protestas en Santiago.
“Es indignante, los chilenos estamos hartos, queremos recuperar nuestro país”, declaró Evelyn Matthei, alcaldesa de la comuna de Providencia, aledaña a la Plaza Italia, donde se ubica el Café Literario.
El estallido social fue seguido de multitudinarias protestas en las que centenares de miles de chilenos exigieron en las calles mejores pensiones, salud y educación y que fueron reprimidas violentamente por la policía con un saldo de 30 personas muertas y miles de heridos.
Centenares de encapuchados aprovecharon las manifestaciones pacíficas para saquear, incendiar y destruir inmuebles públicos y privados, iglesias y 118 de las 136 estaciones del tren subterráneo. El gobierno de la época estimó los daños en unos 1.400 millones de dólares.
El Ministerio Público no perseveró en la mayoría de las demandas por los ataques al subterráneo y sólo fueron condenadas 14 personas, mientras que por violencia institucional los sentenciados fueron 45.
Parlamentarios de todos los sectores, excepto del Partido Comunista, escogieron la vía institucional para frenar las protestas y convocaron a un plebiscito en el que el 78% del electorado votó que quería cambiar la Constitución instalada en 1981 por la dictadura militar. Inicialmente el tema constitucional no figuraba entre las demandas callejeras.
Los chilenos votarán el 17 de diciembre próximo si aceptan o rechazan un proyecto constitucional elaborado por un consejo de 50 personas electas, de las cuales 33 pertenecen a la oposición derechista, luego de que el año pasado rechazaron una nueva carta magna escrita por una convención izquierdista.
Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, declaró el miércoles que “muchas de las demandas que fueron surgiendo (tras el estallido) todavía están pendientes”.
Nerea Palma, analista política y académica de la Universidad Diego Portales, coincidió con Arellano al señalar que “no se han resuelto en la medida que se esperaba”.
Boric tiene pendiente el envío al Congreso de una reforma previsional para cambiar el sistema vigente que mayoritariamente entrega pensiones muy bajas porque se basa en un mecanismo de capitalización individual y responsabiliza a la oposición derechista de la falta de acuerdos para tramitarla.
A comienzos de año la Cámara de Diputados rechazó debatir una reforma tributaria de Boric que aumentaría la recaudación para financiar sus políticas públicas, especialmente en pensiones, salud y educación.
En su reemplazo el gobierno anunció un proyecto de Pacto Fiscal que contiene reformas al Estado, iniciativas para impulsar la productividad, el crecimiento y la inversión y dos proyectos para combatir la evasión.
Boric dijo el miércoles desde China, adonde se encuentra en visita oficial, que los efectos del estallido social “son de largo aliento” y “es un malestar que la política tiene que ser capaz de resolver”.
