CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los trabajadores de los tribunales federales en México iniciaron el jueves una huelga nacional en rechazo a la decisión de la Cámara de Diputados de eliminar una serie de fideicomisos, lo que implicará recortes presupuestarios y podría poner en riesgo miles de empleos.
Así lo acordó el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación al escalar las protestas que han realizado en los últimos días contra la cámara baja, de mayoría oficialista, que aprobó el martes la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que financian al Poder Judicial en el presupuesto de 2024.
La paralización de actividades en los tribunales federales mexicanos, que no se daba desde la pandemia, se extenderá hasta el 24 de octubre cuando está previsto que los dirigentes sindicales acudan a un parlamento abierto en la Cámara de Diputados, informó el sindicato en un comunicado.
Se espera que la huelga general, que rompe con varias décadas de paz laboral en el sector, sea acatada por unos 50.000 trabajadores de los tribunales federales, dijo a The Associated Press Adrián Almaraz, asistente del secretario general del Sindicato Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Aunque la paralización tendrá alcance nacional, no se prevé que afecte las actividades de los tribunales locales que dependen de los 32 estados, indicó Almaraz.
Al restarle importancia al paro general, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el jueves que con la radicalización de las protestas en el Poder Judicial Federal “no pasa nada porque (los jueces) sólo están allí para liberar delincuentes del crimen y delincuentes de cuello blanco... No imparten justicia. Son empleados de las minorías…ellos sólo imparten justicia a los poderosos”.
En su conferencia matutina López Obrador instó a los trabajadores judiciales a que no se dejen manipular y aseguró que la extinción de los fideicomisos no afecta a los empleados de sueldos bajos sino que corta "el copete de privilegios” de los ministros de la Suprema Corte y los magistrados.
“Ellos (los trabajadores) no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra”, sostuvo el gobernante al anunciar que propondrá al Congreso que los recursos de los fideicomisos extintos se utilicen para financiar dos millones de becas para niños pobres de escuela primaria.
La Cámara de Diputados acordó el martes el recorte presupuestario en el Poder Judicial que se espera será discutido la próxima semana por el Senado, también controlado por el oficialismo, para su aprobación definitiva.
La confrontación de López Obrador con el Poder Judicial no es nueva, pero ha escalado en los últimos meses. El mandatario siempre ha considerado que la justicia mexicana está marcada por la corrupción y llena de privilegios, pero la invalidación de las reformas energética y electoral y del traspaso de la Guardia Nacional al Ejército lo llevaron a profundizar sus críticas contra los ministros de la Suprema Corte y los jueces.
Los trabajadores de los tribunales, que han realizado en los últimos días protestas callejeras en defensa de los fideicomisos, sostienen que la decisión del Congreso conllevará recortes laborales para miles de personas y afectará el buen funcionamiento de la justicia.
La Suprema Corte ha señalado que la desaparición de los fideicomisos afectará, entre otros temas, a las pensiones o las prestaciones médicas de muchos de los 55.000 trabajadores del sector, el 60% del cual es personal operativo.
Lourdes Flores, subsecretaria del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, afirmó que los principales afectados no serán los 11 magistrados del alto tribunal ni los 1.600 jueces del país, sino personas como los mecanógrafos, los que entregan notificaciones a veces en áreas despobladas o el personal que atiende a los detenidos.
