El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara-Carrancá, participó en la manifestación por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la Ciudad de México. Esta marcha, llevada a cabo este 22 de octubre, tenía como objetivo destacar la importancia de preservar los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial.
Te puede interesar: Trabajadores del Poder Judicial marchan este domingo por extinción de fideicomisos
Durante el evento, el ministro se unió a miles de empleados y sus familias que expresaron su desacuerdo con la iniciativa de Morena para reducir los recursos asignados al Poder Judicial. Este movimiento, según los participantes, no se trata de una represalia por las decisiones de la Corte en relación con reformas consideradas inconstitucionales.
El viernes anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha mostrado su desacuerdo con estas manifestaciones, desafió a los ministros de la Corte a unirse a las protestas callejeras.
Alcántara-Carrancá fue el primer nominado por el presidente López Obrador y ha sido un defensor de la independencia del Poder Judicial. Él fue el encargado de presentar el proyecto que declaraba inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional al control militar, argumentando que la reforma de 2019 estipulaba claramente que dicho cuerpo debía estar bajo autoridad civil.
Fideicomisos en riesgo
El pasado 17 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la disolución de 13 fideicomisos del Poder Judicial, lo que permitiría la entrega de 15 mil millones de pesos al gobierno federal, con la flexibilidad de su utilización.
El Poder Judicial argumenta que algunos de estos fideicomisos son cruciales para garantizar el pago de beneficios a miles de empleados de diversos niveles, no solo a los ministros de la Corte, a pesar de las afirmaciones de Morena y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Mientras tanto...
Esa misma semana, los diputados aprobaron la modificación a la Ley Federal de Derechos, que incluye la creación de un fideicomiso para destinar los ingresos del Derecho de No Residente a la operación del Tren Maya. La iniciativa, respaldada por 239 votos de Morena, PT y PVEM, establece que los ingresos por este derecho se destinarán a un fideicomiso público federal sin estructura para el Tren Maya, que está bajo la administración de una empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esta decisión se toma en el contexto de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, utilizados para el pago de derechos laborales y sociales de los trabajadores.
