CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, se reunió el martes en Guatemala con el presidente electo para abordar la situación política en la nación centroamericana, que considera “muy frágil” debido a las acciones judiciales contra el proceso electoral.
El funcionario estadounidense y Bernardo Arévalo se pronunciaron después del encuentro con mensajes coincidentes, en los que destacaron la importancia de que se respete la voluntad popular que los guatemaltecos expresaron en las urnas durante las últimas elecciones.
Guatemala vive un “momento muy frágil” y “el pueblo guatemalteco ha ganado el derecho de escoger a sus líderes a través del voto libre y secreto y hay fuerzas tratando de impedir una transición democrática, y eso no se puede permitir”, declaró Nichols en entrevista radiofónica. Añadió que las acciones judiciales contra el proceso electoral son “sumamente preocupantes”.
Por su parte, Arévalo dijo en un mensaje a periodistas que durante la reunión se hizo una revisión de temas bilaterales como migración, inversión y comercio, seguridad y desarrollo.
“Intercambiamos información sobre el ataque sistemático contra la democracia que estamos sufriendo por parte de un Ministerio Público que está traicionando sus objetivos y principios, violando la legislación del país”, pronunció el presidente electo.
La visita de Nichols se da días después de que miles de manifestantes salieron a las calles y cerraron por 20 días más de 100 puntos en carreteras en todo el país en protesta contra la fiscal general, Consuelo Porras, a quién responsabilizan de intentar desconocer el voto de millones de ciudadanos en las elecciones generales que le dieron la victoria a Arévalo.
Cinco días después de habilitar los pasos, distintas organizaciones convocaron a nuevas protestas el martes en algunos puntos del país.
La visita de Nichols coincide con la del director general de la Unión Europea Brian Glynn. Ambos funcionarios difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron “graves preocupaciones por los intentos flagrantes de socavar el resultado de las elecciones, poniendo en peligro los esfuerzos de una transición pacífica y ordenada”.
Durante su visita a la nación centroamericana, Nichols ha sostenido encuentros con varios sectores, pero no con el presidente Alejandro Giammattei, y destacó en una entrevista que el mandatario guatemalteco no aceptó reunirse con él.
Su visita es parte de una gira que incluye una reunión en El Salvador con el presidente Nayib Bukele para abordar también temas de seguridad y migración.
En un mensaje en la red social “X”, antes Twitter, Nichols publicó fotografías de su reunión con Arévalo y dijo que espera "poder trabajar más con su equipo cuando asuma el cargo”.
Estados Unidos ha mantenido tensas relaciones con el gobierno de Giammattei debido a los intentos de Porras por judicializar el proceso electoral.
Porras, junto a sus fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales, investiga al Movimiento Semilla — el partido que llevó a Arévalo a ganar la presidencia—, así como al presidente electo, al proceso electoral, a los magistrados del tribunal electoral y a más de 100.000 ciudadanos que de forma voluntaria recibieron, contaron y resguardaron los votos.
Tras la primera vuelta electoral, cuando se oficializó que Arévalo disputaría la presidencia ante la ex primera dama Sandra Torres, la fiscalía aceleró sus investigaciones contra Semilla y logró que el juez Fredy Orellana suspendiera la personalidad jurídica del partido con miras a que Arévalo no participara en una segunda vuelta electoral, de la que salió ganador.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negó a cancelar a Semilla pues la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, no permite suspensiones durante el proceso electoral. Entonces la fiscalía emprendió acciones contra los magistrados del TSE y solicitó que se les retirara la inmunidad, petición que sigue sin resolverse.
La fiscalía también actuó contra la adquisición del sistema de cómputo que se utilizó para dar a conocer los resultados electorales y contra el proceso electoral, argumentando que investigaba un fraude denunciado por un ciudadano. Además allanó sedes electorales, revisó voto por voto y secuestró actas electorales, que dejaron de estar bajo el resguardo del TSE.
Las acciones de la fiscalía desencadenaron protestas y cierres de carreteras organizados por autoridades indígenas, que hasta hoy persisten en algunos puntos del país. La arremetida judicial ha generado el rechazo a nivel nacional e internacional en torno a la intención de la fiscalía de socavar la democracia guatemalteca.
Misiones de observación nacional e internacional dieron como válidos los resultados de las elecciones.
Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana están sancionados por el gobierno estadounidense, a quienes se les retiró la visa por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia, así como por emitir resoluciones judiciales con fines políticos.
