PANAMÁ (AP) — Las protestas multitudinarias en Panamá continuaron el viernes con el fin de presionar al gobierno a que rescinda un contrato millonario para extraer cobre de una zona boscosa durante al menos 20 años más, pese al anuncio del presidente Laurentino Cortizo de suspender futuras concesiones mineras.
Tras cinco días de movilizaciones, en las que panameños críticos de la estrategia minera del gobierno han cerrado carreteras y se han concentrado en varios puntos de Ciudad de Panamá y en otras provincias del interior, Cortizo emitió el viernes un mensaje a la nación en un intento por apaciguar el ambiente de crispación social.
El mandatario aseguró que serán “rechazadas de plano todas las solicitudes de minería metálica nuevas y también aquellas que están en trámite”, y ofreció que la prohibición sea efectiva desde el mismo viernes, dejando firmado un decreto ejecutivo en cadena nacional.
En las protestas, lideradas por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, educadores, grupos indígenas y por jóvenes desde las redes sociales, los manifestantes exigen que se derogue el contrato minero y que el gobierno convoque a una moratoria minera y a un referendo para decidir sobre la política del país en esa materia.
A pesar de las declaraciones del presidente, las protestas se mantuvieron en las calles contra el acuerdo firmado y ya avalado por el poder legislativo con la filial de la minera canadiense First Quantum Minerals, ya que, según sus detractores, pone en riesgo el medio ambiente del país y fuentes de agua cercanas que se usan para consumo humano.
Según el contrato, la empresa tiene derecho a extraer y vender cobre y otros minerales afines durante 20 años, prorrogables a 20 más, en una zona de extracción a cielo abierto ubicada en un área boscosa.
“Panama se hartó. Ya es hora de que el pueblo panameño despierte, se informe de lo que está sucediendo en el país”, dijo a The Associated Press Nicole Mattheus, una estudiante de medicina de 20 años. “Mira cómo se están secando los lagos, la gente sufre por el desabastecimiento del agua y el Estado le está dando ese recurso a la empresa. Tampoco se está reforestando lo destruido”, apuntó la joven en una de las marchas de la capital.
Por momentos, en la última semana las movilizaciones han tenido episodios de enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos. Algunos establecimientos han cubierto sus puertas y ventanas con grandes planchas de madera en un intento de protegerse de destrozos.
El viernes por la tarde, la marcha convocada por jóvenes en las redes sociales recorría la calle 50, una de las más conocidas del sector bancario de la capital del país y otrora sitio de lucha contra el pasado régimen militar a fines de la década de 1980. La marcha se realizó pacíficamente y concluyó con la entonación del himno nacional, pero hubo escaramuzas con la policía a medida que se disolvía, al igual que en días anteriores.
“Por mis hijos, por el agua, por la vida... No a la minería”, rezaba un cartel sostenido por una joven.
Los jóvenes convocantes advirtieron que seguirán en las calles. En tanto, el líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, dijo que la exigencia del pueblo en la calle es derogar la ley 406, que recoge el contrato entre el Estado y Minera Panamá, la filial de la compañía canadiense, y cerrar la mina.
Más temprano, educadores llegaron a la sede principal de la justicia panameña con arengas y discursos de rechazo. En una concentración en sus predios, pidieron a la Corte Suprema de Justicia que intervenga con prontitud respecto a los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el contrato.
Tampoco están de acuerdo con el argumento del gobierno de que con el contrato el país recibirá diez veces más en aportes económicos respecto al anterior acuerdo contenido en una ley de 1997, que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017.
La Corte Suprema informó el viernes que había admitido una segunda demanda de inconstitucionalidad contra la ley con la que se aprobó el contrato minero.
Al menos cinco reclamos de inconstitucionalidad habían sido presentados antes. El pronunciamiento de la Corte está pendiente.
Los expertos dicen que la única manera de que el contrato sea eliminado —como exigen los manifestantes— sin que haya demandas multimillonarias por parte de la compañía minera es que el máximo tribunal considere que el pacto representa una violación a la Constitución.
Un informe de la Policía Nacional recogía que durante los cinco días de movilizaciones han sido detenidas 445 personas, entre ellas 64 menores de edad, quienes presuntamente están vinculadas con hechos de vandalismo, daños a la propiedad y otros delitos cometidos durante las protestas y disturbios.
Informó también que se han registrado afectaciones a 47 locales comerciales en diversos puntos del país.
