CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — A un mes de que comenzaran las protestas y los cierres de carreteras en Guatemala, miles de personas salieron nuevamente a las calles el viernes en la capital para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a la que acusan de intentar desconocer el voto ciudadano con el que ganó la presidencia el progresista Bernardo Arévalo.
Con pancartas donde se leía “Fuera corruptos”, los manifestantes que se concentraron en distintas calles de acceso a la zona donde e se ubican las sedes del Poder Judicial y administrativo del país, desfilaron rumbo al edificio del Ministerio Público para exigir la dimisión de Porras y de los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales, quienes emprendieron acciones legales contra el proceso electoral.
Luis Pacheco, presidente de la organización 48 Cantones de Totonicapán, que ha liderado las protestas, dijo que la marcha ”es una demostración de unidad de los pueblos... No es por un interés particular que estamos aquí, simplemente estamos cansados de la corrupción... No es delincuencia pelear por la democracia”.
Por su parte Ángel Sapón, autoridad indígena de Totonicapán, sostuvo que “la obligación y responsabilidad (de defender la democracia) es de todos. Ni un paso atrás. Esto es por nuestra patria, cueste lo que cueste".
En la protesta convocada por organizaciones indígenas, llamada “Gran marcha por la democracia”, personas de diferentes comunidades del país también irán a la Corte de Constitucionalidad para solicitar a los magistrados que resuelvan recursos legales pendientes que protegerían la transición de gobierno.
La fiscalía mantiene una arremetida contra Arévalo, el Movimiento Semilla —partido con el cual ganó la presidencia—, el proceso electoral, los magistrados electorales y más de 125.000 ciudadanos guatemaltecos que recibieron, contaron y protegieron los votos de los ciudadanos.
La fiscalía investiga varias denuncias, incluida una de fraude hecha por un ciudadano.
El Ministerio Público inició las acciones contra Semilla en julio pidiéndole a un juez que suspendiera la personalidad jurídica del partido sólo unos minutos antes de que el Tribunal Supremo Electoral oficializara que Arévalo había pasado a una segunda vuelta y disputaría la presidencia contra la ex primera dama Sandra Torres, a quien le ganó.
La intención de la fiscalía y del juez Fredy Orellana —que ordenó la suspensión de Semilla— era que Arévalo y los miembros de su partido no pudieran participar en las elecciones. Torres nunca aceptó la derrota y su partido denunció fraude electoral.
Las acciones de la fiscalía —que incluyeron allanamientos a sedes electorales, revisión de votos y secuestro de actas electorales— generó gran repudio en el país por poner en riesgo la democracia.
Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana están sancionados por el gobierno estadounidense por obstaculizar la lucha anticorrupción, socavar la democracia y emitir resoluciones judiciales con fines políticos.
El martes el gobierno estadounidense sancionó a otros 14 guatemaltecos, incluidos empleados de la fiscalía, empresarios y particulares a los que no identificó, por acciones contra el proceso electoral con miras a evitar la transición de gobierno.
Arévalo deberá tomar posesión al cargo el 14 de enero de 2024.
