En el Congreso de la Ciudad de México, se presentó una iniciativa que busca incrementar las penas para los ‘montadeudas’, proponiendo una sanción de prisión de tres a seis años y una multa que varía entre 400 y 1000 Unidades de Medida y Actualización (equivalente a 42 mil a 103 mil pesos). Además, se propone que el delito sea perseguido de oficio.
La diputada del PRI, Guadalupe Barrón Hernández, presentó esta iniciativa ante el pleno del Congreso local, argumentando la necesidad de actualizar el tipo penal actual que sanciona el delito de cobranza ilegítima.
“Este tipo de delito ha evolucionado con la aparición de nuevos medios de extorsión relacionados con préstamos realizados por entidades no reguladas por las autoridades competentes”, argumentó.
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La legisladora local recordó que desde 2014, en la Ciudad de México, se estableció la cobranza ilegal contra deudores como un delito, con el propósito de castigar a quienes realicen amenazas e intimidaciones para cobrar una deuda. Sin embargo, con el tiempo, dijo que los delincuentes han recurrido a métodos como los ‘préstamos milagros’ y aplicaciones tecnológicas que ofrecen soluciones rápidas y urgentes para necesidades económicas personales o familiares. “Estos instrumentos de préstamos han proliferado en la Ciudad de México”.
La legisladora mencionó que el esquema conocido como ‘montadeudas’ involucra el fraude y la extorsión al ofrecer préstamos con intereses excesivos y cobrar mediante amenazas.
Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de México, de 2021 a 2023, se han reportado 925 aplicaciones de este tipo, de las cuales 41 están activas en Google, 159 en APK y 110 en ambas plataformas, además de 205 con página web. Tan solo en agosto de 2023, se presentaron 779 reportes relacionados con aplicaciones de préstamos.
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¿En qué consiste la iniciativa?
La propuesta de reforma al artículo 209 del Código Penal de la Ciudad de México establece que “quien, con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o realice actos de hostigamiento e intimidación, se le impondrá una pena de prisión de tres a seis años y una multa que varía entre cuatrocientas y mil Unidades de Medida (UDI’S)”.
Además, se establece que se considera cobranza ilegítima cuando se lleva a cabo mediante llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, aplicaciones tecnológicas u otros medios, siempre y cuando se utilicen medios ilícitos o se realicen actos de hostigamiento e intimidación. El delito se persigue de oficio.
Esta iniciativa se ha turnado para su análisis y dictamen a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México.
