MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
"Nuestra oficina en Burkina Faso continúa investigando lo sucedido, pero en este momento no puede identificar a los autores. Es complicado acceder a la zona por motivos de seguridad y hablar con testigos y supervivientes", ha dicho Throssell, quien ha explicado que la mayoría de las víctimas son menores, mujeres y ancianos.
En ese sentido, ha señalado que si bien las autoridades burkinesas han confirmado al menos 70 muertes, algunos informes sugieren que habría unas cien personas fallecidas, además de un "gran número de heridos".
Throssell ha enfatizado que los responsables de estas matanzas deben ser llevados ante la Justicia para que rindan cuentas y se deben ofrecer reparaciones a las víctimas, en un comunicado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
"Hacemos un llamamiento a las autoridades de transición para que lleven a cabo rápidamente una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre estos graves informes", ha reclamado.
Al menos 70 personas fueron asesinadas entre el 5 y el 8 de noviembre de 2023, según informó la semana pasada la Fiscalía de Burkina Faso en la aldea de Zaongo, en la provincia de Namentenga.
Burkina Faso, gobernado por una junta militar desde el golpe de Estado de enero de 2022 contra el entonces presidente, Roch Marc Christian Kaboré, ha experimentado un aumento de la inseguridad desde 2015. La junta está ahora encabezada por Ibrahim Traoré, quien protagonizó en septiembre una asonada que fue considerada un 'golpe palaciego' contra el hasta entonces líder, Paul-Henri Sandaogo Damiba.
Los continuos ataques en el país, obra tanto de la filial de Al Qaeda como de la de Estado Islámico en la región, han contribuido también a incrementar la violencia intercomunitaria y ha hecho que florezcan los grupos de autodefensa, a los que el Gobierno burkinés ha sumado a 'voluntarios'. El deterioro de la seguridad ha provocado una oleada de desplazados internos y refugiados hacia otros países de la región.
