TEGUCIGALPA (AP) — La exministra de Finanzas hondureña Rocío Tábora, acusada de fraude, recibió prisión preventiva por orden judicial, tras haberse entregado la madrugada a la Policía Militar en la frontera con Nicaragua.
La exfuncionaria fue remitida a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), situada en el valle de Támara a 32 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital del país centroamericano.
El juez programó para el próximo 20 de noviembre una audiencia en la que se decidirá sobre si es procesada penalmente o, en caso contrario, si se dicta sobreseimiento provisional o definitivo.
Tábora y la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores, todavía prófuga de la justicia, están acusadas por el Ministerio Público de fraude en la compra de siete hospitales móviles durante la pandemia de COVID-19.
Las unidades médicas se pagaron de manera anticipada en su totalidad, más de 47 millones de dólares, y de acuerdo con el Ministerio Público, según “dictámenes periciales rendidos por expertos e inspecciones realizadas, no se reunían las condiciones requeridas para el aislamiento y tratamiento de personas afectadas por el virus COVID-19”.
La exministra “se entregó en el punto fronterizo de Guasaule después de que los operadores de justicia realizaron varios allanamientos en atención a la orden de captura vigente en su contra”, dijo a The Associated Press el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Según explicó Mora, los múltiples allanamientos se realizaron en diferentes viviendas en las que supuestamente se encontraba y al verse acorralada “ella decide mejor entregarse a la Policía”.
Según el Ministerio Público, entre marzo y abril de 2020 Honduras —a través del organismo gubernamental Invest-H— “compró siete hospitales móviles de manera directa y fraudulenta” a la empresa HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC.
Los siete hospitales incluso fueron calificados por el Consejo Nacional Anticorrupción como chatarras móviles. Por el caso sólo dos personas han sido procesadas judicialmente hasta ahora.
En el proceso también están involucradas otras cinco personas, entre ellas la exviceministra de Finanzas, tres funcionarios de Invest-H y el representante legal de otra empresa hondureña.
El requerimiento fiscal contra esas siete personas de la pasada administración es una de las primeras acciones que realizó el fiscal general interino Johel Zelaya, nombrado hace una semana por una comisión permanente del Congreso Nacional conformada por nueve diputados oficialistas.
Doris Madrid, apoderada legal de la exministra Tábora, dijo a AP que “se presentó voluntariamente y desea responderle a la justicia”.
Comentó que la audiencia de declaración fue programada para este mismo miércoles y en ella se le señalarán sus derechos y se le podrían aplicar medidas cautelares.
La abogada sostuvo que el estado físico y emocional de la exministra, de 50 años, es bueno. “Ella se encuentra fortalecida, con fe en Dios y con fe en la justicia”, puntualizó.
Tábora fue funcionaria durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).
