La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que propone impedir que aquellos que han perpetrado actos de violencia contra mujeres o que tienen deudas alimentarias sean elegibles para ocupar cargos en elecciones populares.
El dictamen aprobado implica una armonización de esta reforma que será presentada ante el pleno del Congreso capitalino, el próximo 23 de noviembre. El 25 de noviembre vence el plazo legal de 180 días para que estos estados armonicen sus legislaciones, en el marco del día de la erradicación de violencia de género.
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Se reformó el artículo 10, apartado C, adicionando una fracción 11 a la Constitución Política de la Ciudad de México, en donde se establece que ningún violentador podrá ejercer un empleo cargo o comisión en el servicio público ni podrá registrarse a cargos de elección popular.
Además, la prohibición se extiende a aquellos con sentencia firme por delitos de violencia familiar, violencia equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en todas sus modalidades.
Partidos políticos obligados
La medida también incluye la restricción de postulación para aquellos inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos, a menos que acrediten estar al corriente del pago, cancelen la deuda o tramiten el descuento correspondiente.
Adicionalmente, se reformará el artículo 27, apartado B, numeral 7, fracción primera de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se añadirá un nuevo párrafo que establece la obligación de los partidos políticos de implementar mecanismos para garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos internos.
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Cabe señalar que el pasado 29 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la constitucionalidad de la 3 de 3 contra la violencia, sin embargo, todavía faltan siete estados que deben reformar su legislación local, entre ellos la Ciudad de México.
De aprobarse esta reforma el próximo 23 de noviembre ante el Pleno del Congreso local, la cual sería aplicable para el periodo electoral 2024, se busca poner freno a violentadores, deudores alimentarios y acosadores que quieran contener u ocupar algún cargo público.
Estos cambios fueron promovidos por las diputadas Martha Ávila, Gabriela Quiroga y colectivas feministas como Las Constituyentes quienes impulsaron la Ley 3 de 3.
