El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 52 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen con el que se aplicarán las reformas de la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, que impedirá que aquellos que sean señalados por actos de violencia contra mujeres, que tengan deudas alimentarias sean elegibles para ocupar cargos en elecciones populares.
Las modificaciones aprobadas son las del Artículo 10, apartado C, adicionando una fracción 11 a la Constitución Política de la CDMX, en donde se establece que ningún violentador podrá ejercer un empleo cargo o comisión en el servicio público ni podrá registrarse a cargos de elección popular.
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Asimismo, se prohibe que aquellos con sentencia firme por delitos de violencia familiar, violencia equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en todas sus modalidades.
También se aprobó la modificación Artículo 27, apartado B, numeral 7, fracción primera, y se añadió un nuevo párrafo que establece la obligación de los partidos políticos de implementar mecanismos para garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos internos.
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Legisladores de todas las fuerzas políticas celebraron la aprobación de las reformas a nivel local. En este sentido, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martha Ávila, destacó el papel de activistas y colectivas en el acompañamiento del proceso legislativo; y recalcó el avance al impedir que agresores sexuales y deudores alimentarios accedan a cargos públicos.
