El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, obtuvo una nueva victoria frente a la Fiscalía General de la República (FGR), después de que una jueza federal resolvió un juicio de extinción de dominio a su favor, por lo que le tendrán que devolver una propiedad ubicada en la Ciudad de México (CDMX) y valuada en 38 millones de pesos.
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De acuerdo con información de Arturo Ángel, en Emeequis, la Fiscalía había asegurado la vivienda de Lozoya Austin al argumentar que su compra se realizó con dinero proveniente de los supuestos sobornos recibidos por el extitular de Pemex tras la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados a Altos Hornos de México, donde ya libró las diferentes acusaciones en su contra por cubrir la reparación del daño.
Sin embargo, la jueza Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Domino, Ana Lilia Osorno Arroyo, indicó que no procedía la extinción de dominio, es decir, la apropiación de la casa por parte del gobierno federal, pues cuando se adquirió, en el año 2012, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no se encontraba como uno de los que ameritaba esta acción.
De esta forma, aunque la propiedad se hubiera adquirido por parte de Emilio Lozoya con dinero ilícito, el recurso de la FGR no se formuló correctamente, de acuerdo con lo que establece el artículo 22 constitucional.
“En consecuencia, si la compra del inmueble materia de la extinción se efectuó y se consumó en dos mil doce, y esa transacción fue la que motivó la investigación que sirve como base para demandar la extinción de dominio, la acción es improcedente porque la investigación se sigue por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que no estaba previsto en el artículo 22 Constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de referencia”, se lee en la resolución.
De esta forma, la casa que fue asegurada en 2019, localizada en el número 20 de la Calle Ladera, en el fraccionamiento Lomas de Bezares, deberá ser devuelta a su propietario, Emilio Lozoya, aunque la FGR aún puede apelar dicha sentencia.
