BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)
El diálogo abierto entre el Ejecutivo comunitario y el Gobierno por este asunto responde a la alarma creada en un sector de la sociedad y de la judicatura que, según dijo el propio Reynders en una carta a Bolaños para pedir información, trasladaron en "numerosas" consultas a Bruselas su "preocupación" por las consecuencias de la ley en el Estado de derecho en España.
El ministro respondió a esa primera misiva ofreciendo cooperación al Ejecutivo comunitario pero aclarando que la ley era una iniciativa del PSOE, no del Gobierno, y que le remitiría el texto una vez fuera registrado y que quedaba a disposición para explicar después la posición del Gobierno. Aunque la carta de Reynders no estaba firmada por la vicepresidenta responsable de Estado de derecho, Bolaños ha pedido reunirse también con ella.
Una vez que la propuesta de ley fue registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados el texto fue remitido por el Gobierno a la Comisión Europea, cuyos servicios legales analizan desde entonces su contenido aunque el comisario Reynders se ha cuidado mucho de adelantar una conclusión e insiste en que no habrá un dictamen de los juristas europeos hasta que la norma supere la tramitación parlamentaria y sea adoptada en su forma definitiva, incluidas enmiendas.
Así lo dijo Reynders en el debate que el pleno del Parlamento Europeo dedicó la semana pasada a la situación en España y así lo ha reiterado la víspera del encuentro con Bolaños, cuando a preguntas de los periodistas el político liberal belga ha celebrado el "verdadero diálogo" abierto con el Gobierno de Sánchez y subrayado que el objetivo de la reunión del jueves es "poder hacer preguntas y tratar puntos sobre los que se puede recibir información".
"Para pronunciarnos sobre el fondo de un texto esperaremos a que cumpla todo su camino antes de la adopción en el parlamento. Es la regla que seguimos", ha defendido Reynders para explicar que Bruselas no emita un dictamen preliminar a pesar de haber solicitado para su examen la propuesta desde su registro en el Congreso.
El comisario ha insistido en que "no es la primera vez" que sus servicios piden detalles de una ley en tramitación a un Estado miembro porque es habitual el "intercambio" con las capitales, pero ha insistido en que la "reacción oficial" de la Comisión Europea "no tiene lugar hasta la adopción por el Parlamento".
Con frecuencia Bruselas espera a que la norma bajo examen supere todo el proceso parlamentario antes de tomar posición, por ejemplo expedientando al Estado miembro en cuestión si considera que la ley vulnera el Derecho comunitario, pero en el pasado también ha lanzado la voz de alarma cuando le han preocupado las disposiciones de una legislación.
Fue el caso, por ejemplo, de la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que PSOE y Podemos registraron en el Congreso en 2020 pero que meses más tarde fue retirada después de que el Ejecutivo comunitario expresara su "gran preocupación" y advirtiera del riesgo de que afectara a la independencia judicial.
A falta de una evaluación formal, las primeras impresiones recabadas por Europa Press de distintas fuentes comunitarias tras llegar a Bruselas la proposición de ley apuntaron que el hecho de que quedaran salvados expresamente los intereses financieros de la UE y no hubiera referencias expresas al 'lawfare' o 'guerra judicial' dejaba 'a priori' sin base para actuar al Ejecutivo comunitario, al quedar la ley en su estado actual dentro del ámbito nacional.
