CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México inició esta semana el primer juicio por el uso indebido del programa espía Pegasus con declaraciones de un testigo que acusó de ordenar las escuchas a ex altos funcionarios, en un polémico caso revelado por una investigación periodística en 2021 sobre la interceptación telefónica a más de 50.000 personas.
Alrededor de 700 números eran mexicanos: la lista más larga.
Colectivos implicados en las denuncias instaron el miércoles a la fiscalía a que investigue a todas las instituciones que puedan resultar implicadas para “dar con todos los responsables”.
El primer caso que ha llegado a los tribunales ha sido el espionaje contra Carmen Aristegui, una reconocida periodista que estaba entre los infectados con el malware informático y cuyas comunicaciones privadas fueron interceptadas entre enero de 2015 y julio de 2016.
La comunicadora estaba publicando entonces casos graves de corrupción vinculados al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-1018).
En este caso, cuyas audiencias están previstas para todo el mes de diciembre, solo hay una persona acusada, Juan Carlos García Rivera, el empleado de una compañía privada que era operador técnico del programa.
Según explicaron el miércoles en un comunicado las ONG Artículo 19 y R3D, asesores jurídicos de Aristegui, un testigo protegido —que solo fue identificado como Zeus— dijo durante el primer día de audiencias que las infecciones con Pegasus de diversas personalidades públicas fueron ordenadas por el entonces presidente, su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el extitular del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Imaz.
Según Zeus, estas interceptaciones se hacían a través un entramado de diversas empresas intermediarias de KBH Aplied Technologies Group (KBH), proveedoras autorizadas por NSO Group para comercializar Pegasus en México.
Además de la periodista, entre los supuestos espiados, había más comunicadores y estaba también el empresario mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de México.
“Estas revelaciones deben servir como un punto de partida para investigar a las personas implicadas en la cadena de mando para el uso ilegal de Pegasus, incluyendo a los funcionarios públicos de alto nivel involucrados”, pidieron las ONG.
El único mencionado en el juicio que hizo comentarios públicos fue Osorio Chong. “No tuve ninguna instrucción del ex presidente… no conocí ese sistema”, dijo el martes el ex secretario de Gobernación y ahora senador.
Pegasus, un programa espía de la empresa NSO Group, se utilizó para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores en muchos países del mundo. Supuestamente solo se vendía a gobiernos.
En 2021, una investigación realizada por un consorcio global de medios basada en datos sobre personas afectadas mostró que, de una lista de más de 50.000 números de teléfonos celulares, entre los que había periodistas, políticos, empresarios, activistas e incluso varios jefes de Estado de distintos países del mundo.
También estaba el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuando era líder de la oposición, quien al asumir el cargo en diciembre de 2018 prometió poner fin al espionaje gubernamental pero, según varios colectivos de derechos humanos, sigue ocurriendo.
De hecho, Artículo 19 y R3D también mostraron el miércoles su preocupación por el uso de Pegasus “en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante el sexenio actual” como se evidenció en un informe a principios de este año.
Denunciaron que hasta ahora no se ha aclarado “la adquisición y uso de un ‘sistema de monitoreo remoto de información’ por parte de la Sedena” a una empresa de la red del distribuidor de NSO en México.
El gobierno mexicano localizó hace dos años una treintena de contratos vinculados a Pegasus suscritos por diferentes departamentos de seguridad de las administraciones de Felipe Calderón (2006-2011) y de Peña Nieto (2012-2018) por valor de unos 61 millones de dólares.
Según el ejecutivo, la empresa israelí NSO utilizó compañías ‘fachada’ para obtener contratos de diferentes instancias oficiales —incluida la Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia y la extinta Policía Federal- por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia.
