CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Activistas del norte de México presentaron el miércoles una denuncia en la Fiscalía General de la República por irregularidades en la forma en que este gobierno registra el número de personas asesinadas y desaparecidas.
La denuncia la hicieron efectiva en Ciudad de México dos reconocidos activistas de estados fronterizos con Estados Unidos: Adrián LeBaron, padre de uno de los nueve ciudadanos estadounidenses asesinados en Chihuahua en una emboscada de un cártel de la droga en noviembre de 2019, y Ceci Flores, madre de dos desaparecidos, uno en 2015 y otro en 2019, y líder de un grupo de “buscadoras” en el vecino estado de Sonora.
Ambos consideran que el gobierno mexicano tiene un subregistro sistemático tanto de los muertos asesinados como de los desaparecidos en el país.
Según el gobierno federal, de enero a octubre de este año hubo unos 25.000 homicidios y más de 112.000 están desaparecidas en el país, la gran mayoría desde 2006.
En el caso del registro de desaparecidos, el tema ha tenido consecuencias políticas. Karla Quintana, la primera titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, dimitió en agosto precisamente por no estar de acuerdo con la forma en la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quería depurar el censo.
En un acto en noviembre, Quintana denunció que el ejecutivo tenía una intención “muy clara y es lamentable: reducir la cifra de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno”.
El tema de los desaparecidos es una de las grandes asignaturas pendientes en México, sobre todo, en regiones de gran actividad del crimen organizado.
