MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Sumar reclama al Ejecutivo si contempla adoptar medidas ante ayuntamientos que rebajen los requisitos en la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y si cree que esas actitudes comprometen los compromisos adquiridos por España contra el cambio climático a nivel internacional.
Concretamente, requiere si piensa exigir al Ayuntamiento de Elche medidas correctoras para su ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que ven insuficientes para reducir contaminación, tras asignarle una ayuda de 12,6 millones para implantar esta medida y otras iniciativas en materia de sostenibilidad.
Así lo trasladan mediante una serie de preguntas parlamentarias impulsada por los diputados del grupo confederal Alberto Ibáñez (Compromís) y Júlia Boada (En Comú Podem), donde remarcan que parte de los fondos europeos concedidos a España iban destinados a desplegar medidas para reducir las emisiones contaminantes en entornos urbanos.
Concretamente, alude a que el Ministerio de Transportes desplegó un programa de ayudas a municipios para la implatación de zonas de bajas emisiones y transición sostenible de los medios de transporte urbano público.
Una cantidad que fue de 12,6 millones en total y de los cuales 2,7 millones iban dirigidos precisamente a la puesta en marcha de una Zona de Bajas Emisiones, medida obligatoria y condición necesaria para obtener esa cantidad.
Los diputados de Sumar recuerdan en sus iniciativas que la Ley de Cambio Climático estipula que estas zonas comportan una serie de restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos privados para mejorar la calidad del aire de zonas urbanas, así como mitigar la emisión de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, en el caso de Elche apuntan a que el Pleno extraordinario del Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, aprobó una ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones con modificaciones que no se amoldan al documento técnico que se comenzó a elaborar en el anterior mandato.
A juicio de ambos diputados, el texto municipal aprobado no introduce suficientes medidas de control para asegurar la disminución de emisiones contaminantes en el caso urbano, algo que contraviene lo dispuesto en la Ley de Cambio Climático.
Por tanto, preguntan al Ejecutivo si considera que el incumplimiento a nivel municipal de los criterios para crear zonas de bajas emisiones condiciona los objetivos asumidos por España en materia de lucha contra el cambio climático.
