MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Uruguay inicia así una nueva etapa de exploración de hidrocarburos que durará cuatro años en diferentes bloques del mar territorial, que podría prorrogarse por más tiempo, tal y como se posibilita en el contrato entre el Estado y las tres empresas.
El presidente de la empresa estatal, Alejandro Stipanicic, ha celebrado la confianza de estas empresas en el país, que asumen la totalidad del riesgo. "Por primera vez en la historia, los siete bloques que conforman el mar territorial tienen contratos vigentes. Esto se produce gracias al prestigio y la reputación del país, dada su estabilidad jurídica e institucional", ha afirmado.
La exploración de hidrocarburos está sujeta a altas exigencias ambientales previstas en la normativa nacional, que requieren autorizaciones y operativas específicas. Dependiendo del cumplimiento de los compromisos por parte de cada empresa, se podría dar extensiones de entre dos y cuatro años.
El interés por explorar en Uruguay se manifestó en el marco de una serie de descubrimientos que se realizaron en Namibia, que formaba parte de la misma región que Uruguay. Por lo tanto, tiene los mismos modelos petroleros que los de las cuencas oceánicas uruguayas y, en consecuencia, las probabilidades geológicas son más altas.
No obstante, desde el Gobierno son conscientes de que esto "no quiere decir" que se descubrirá petróleo. "Es un proceso largo", ha advertido el responsable de Ancap.
Los trabajos exploratorios comprometidos para este primer subperíodo exploratorio incluyen la evaluación y modelado geológico y de recursos prospectivos, así como el licenciamiento y reprocesamiento de información sísmica existente.
Los contratos firmados entre Ancap y las partes establecen que son las empresas privadas las que asume todos los riesgos, costos y responsabilidades de la actividad y únicamente será reembolsadas en caso de que hubiera producción comercial.
En caso de un descubrimiento comercial, el Estado uruguayo obtendría ingresos mediante la participación de Ancap, el producido por el Impuesto a la Renta del emprendimiento y la participación en las ganancias que se ofreció al Estado en ocasión de presentar las ofertas adjudicadas.
