El presidente argentino, Javier Milei, se mostró este jueves confiado en que las reformas económicas que impulsa en un amplio decreto se abrirán paso pese a los primeros obstáculos que se han topado en el ámbito judicial.
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“Los partidos tienen 90 minutos, no terminan hasta el pitazo final. Estamos confiados en que van a salir adelante”
— Javier Milei.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió el miércoles las nuevas disposiciones en materia laboral incluidas en un decreto firmado por Milei a pocos días de asumir la presidencia el 10 de diciembre que dispone una batería de modificaciones a la legislación para desregular la economía, fuertemente intervenida por el Estado desde hace décadas.
La Cámara Judicial actuó tras un pedido que hizo la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, para que la justicia declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La Procuración del Tesoro de la Nación apelará la medida judicial y pedirá la incompetencia del fuero laboral.
El fallo del tribunal sólo se aplica al artículo del decreto que se refiere, entre otras materias, a la eliminación de la doble indemnización por despido para los casos en los que el trabajador no está registrado y la limitación del derecho a huelga en actividades consideradas esenciales como la educación y el transporte.
Al defender sus planes reformistas, Milei afirmó que esa y otras iniciativas buscan evitar una crisis mayor.
“Estamos trabajando a brazo partido para evitar la crisis (...) No hacer nada o seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo iba a ser infinitamente peor. No quiero una Argentina con 98% de pobres y la mitad de indigentes”
— Javier Milei.
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El nuevo gobierno afronta una inflación galopante que ha acrecentado la pobreza, la cual afecta a más de 40% de la población.
El presidente afirmó que “dos tercios de las mejoras” que impulsó desde que llegó al gobierno “se van a ver en 15 años”.
Después de que Milei hiciera estas declaraciones antes de entrar a una reunión con sus ministros, la misma Cámara Laboral dictó una nueva medida cautelar a instancias de un pedido de la Central de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos (CTA), y volvió a declarar la suspensión de la reforma laboral.
Dirigentes opositores, distintos sindicatos y organismos de derechos humanos han presentado demandas contra el decreto, que sí tiene el apoyo de sectores empresarios como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que reúne a las principales compañías del país.
La definición de fondo sobre su legalidad estaría en manos de la Corte Suprema.
