El Departamento de Justicia federal demandó el miércoles a Texas por una nueva ley estatal que permitiría a la policía detener a los migrantes que entren ilegalmente en Estados Unidos, llevando de nuevo al gobernador republicano Greg Abbott ante los tribunales por sus medidas contra los migrantes que cruzan la frontera sur del país.
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La demanda lleva a Texas a otro enfrentamiento sobre inmigración en un momento en el que Nueva York y Chicago están tomando medidas contra los autobuses y aviones que transportan a migrantes y son enviados por Abbott a ciudades con gobiernos demócratas. Texas también está librando batallas judiciales por separado para mantener alambre de púas en la frontera y una barrera flotante en el río Bravo (o Grande).
Pero una ley que Abbott firmó el mes pasado plantea un desafío mayor y más amplio a la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración. Además de permitir a la policía de Texas detener a migrantes por cargos de ingreso ilegal, la ley — conocida como Iniciativa del Senado 4 (SB 4 por sus iniciales en inglés) — también otorga facultades a los jueces locales para ordenar a los migrantes que abandonen el país.
La demanda, interpuesta en un tribunal federal en Austin, solicita a la corte que declare inconstitucional la ley de Texas, argumentando que las leyes federales tienen primacía sobre las estatales.
“Texas no puede gestionar su propio sistema de inmigración. Sus labores, mediante la SB4, violan la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular el ingreso y retiro de no ciudadanos, frustran las operaciones y procedimientos de inmigración de Estados Unidos, e interfieren con las relaciones exteriores de Estados Unidos”.
— Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
La oficina de Abbott no respondió de momento un correo electrónico enviado en busca de comentarios.
La ley está programada para entrar en vigor en marzo. Grupos defensores de los derechos civiles y funcionarios del condado de El Paso, Texas, interpusieron el mes pasado una demanda que describe en términos similares a la nueva ley como una extralimitación inconstitucional.
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El Departamento de Justicia le envió una carta a Abbott la semana pasada en la que amenazaba con emprender acciones legales a menos que Texas diera marcha atrás. En respuesta, Abbott publicó en X que el gobierno federal “no sólo se niega a aplicar las leyes actuales de inmigración, sino que ahora quiere impedir que Texas aplique leyes contra la inmigración ilegal”.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y alrededor de otros 60 de sus colegas republicanos visitaron el miércoles la ciudad fronteriza de Eagle Pass, Texas, la cual se ha convertido en el epicentro de la iniciativa en materia fronteriza de Abbott conocida como Operación Estrella Solitaria, que tiene un costo de alrededor de 10 mil millones de dólares.
Johnson insinuó que podría utilizar una fecha límite venidera para el financiamiento del gobierno como herramienta de presión a cambio de políticas fronterizas más estrictas.
El presidente Joe Biden expresó disposición para encontrar terreno en común debido a que el número de migrantes que ingresa al país se ha convertido en un desafío cada vez más grande para su campaña de reelección rumbo a 2024. Johnson elogió a Abbott, quien no estuvo presente en Eagle Pass, y arremetió contra las demandas que buscan anular las agresivas medidas fronterizas de Texas.
“Es una completa locura”.
— Mike Johnson.
Los cruces ilegales a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos rebasaron los 10 mil diarios durante varios días del mes pasado, una cifra “sin precedentes” de acuerdo con el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) Troy Miller. En diciembre, las autoridades federales cerraron cruces ferroviarios en Eagle Pass y El Paso durante cinco días en respuesta al gran número de migrantes que suben a los trenes de carga para atravesar México en su trayecto hacia la frontera.
Esta semana, las autoridades también reanudaron por completo las operaciones en un puente de Eagle Pass y en otros cruces en San Diego y Arizona que habían cerrado temporalmente.
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Expertos jurídicos y detractores afirman que la más reciente ley de Texas es el intento de mayor alcance que ha emprendido un estado para contener la migración desde 2010, cuando Arizona promulgó una ley que la Corte Suprema federal anuló parcialmente. Esa ley había tipificado como delito estatal vivir en Estados Unidos sin estatus legal y otorgaba a la policía algunas competencias en materia de inmigración. Un fallo de la Corte Suprema de 2012 afirmó que la aplicación de la ley de inmigración es competencia exclusiva del gobierno federal.
De acuerdo con la ley de Texas, los migrantes podrían acatar la orden de un juez de Texas y salir del país, o ser procesados por cargos menores de ingreso ilegal. Los migrantes que no dejen Estados Unidos podrían ser detenidos nuevamente por cargos de delitos graves.
A quienes se les ordene salir del país serían enviados a puertos de entrada a lo largo de la frontera con México, incluso si no son ciudadanos mexicanos. La ley puede aplicarse en cualquier parte de Texas, salvo en ciertos lugares como escuelas e iglesias.
Durante más de dos años, Texas realizó una operación de menor escala en la frontera para detener a inmigrantes por cargos menores de invasión de propiedad privada. Aunque el estado también implementó esa medida con el objetivo de poner fin a los cruces ilegales, hay pocos indicios de que haya dado resultado.
México a favor de la demanda de ley SB4 de Texas
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno de México externó que se encuentra a favor de la demanda que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) interpuso en contra de la ley SB4 de Texas, firmada por el gobernador Greg Abbott en diciembre de 2023.
La canciller Alicia Bárcena expresó su rechazo ante la implementación de esta medida antiinmigrante que pretende detener el flujo de migrantes, mediante su criminalización, fomentando la separación de familias y discriminación racial que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante.
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Asimismo la canciller se comprometió a dar seguimiento al proceso iniciado por el Departamento de Justicia estadounidense, “seguirá brindando asistencia y protección consular oportuna, humana y digna”.
Por ello, desde el año pasado la SRE instruyó a la red consular en Texas que reforzaran sus acciones preventivas de protección consular para proteger y defender los derechos de 11 millones de personas mexicanas que viven en dicho estado.
