El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó la iniciativa que enviará al Congreso local para agregar el Capítulo XV y el Artículo 276 Quater al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, con el que se tipificará el delito de corrupción inmobiliaria; así como para establecer sanciones de 20 años de prisión para los funcionarios y sus redes de familiares que cometan este ilícito.
Batres Guadarrama detalló que el fenómeno de la corrupción inmobiliaria permite a funcionarios públicos acumular riqueza mediante un esquema de empresas y sociedades que les otorgan dinero y propiedades para beneficio personal a cambio de emitir permisos ilegales de edificación. Asimismo, el mandatario capitalino resaltó los riesgos de protección civil que genera la construcción irregular de viviendas.
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“Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. La sanción por las conductas descritas en este artículo será de 10 a 20 años de prisión”.
— Explicó Martí Batres.
El mandatario recordó que actualmente dos servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez aceptaron su responsabilidad en delitos relacionados a la corrupción inmobiliaria, y devolvieron a las autoridades capitalinas inmuebles por un valor de más de 80 millones de pesos para reparar el daño. En este sentido, Batres aclaró que el marco legal actual permitió perseguir otros delitos relacionados, como enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones.
“En el año 2008 solo tenemos el caso de un nivel excedente fuera de la norma, de acuerdo a esta información que brinda un portal ciudadano; tenemos hacia el 2009, 12 casos; tenemos hacia el 2012, 158 casos y así. Este es el lapso, este que se menciona aquí, es el lapso de gobierno del cártel inmobiliario en Benito Juárez, se da un crecimiento enorme. Y no empieza a bajar, sino hasta el combate que realiza el Gobierno de la Ciudad de México a partir del 2021”.
— Martí Batres.
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El jefe de Gobierno abundó en que las sanciones por corrupción inmobiliaria será independientes de las de otros tipos penales, e indicó que se agravarán la mitad de la sanción original cuando los funcionarios obtengan beneficios económicos en efectivo o en especie; así como su cónyuge, descendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja, adoptante o adoptado y cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos.
Las sanciones también alcanzarán a personas con vínculos económicos o de dependencia administrativa, directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. “En otras palabras, con este artículo sancionamos al servidor público y a la red de familiares que intervienen actualmente en este tipo de operaciones”, aseveró Batres.
