El Gobierno de la Ciudad de México anunció nuevas inspecciones laborales con miras a la erradicación del trabajo y la explotación infantil que, solo en la capital, afecta a más de 5 mil niños y adolescentes. Sin embargo, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señaló que, aunque es una medida positiva, las autoridades locales tienen el reto de no criminalizar la pobreza.
“Puede ser una medida positiva, siempre y cuando en la vía de su implementación las personas servidoras públicas –a las que les toque ponerla en práctica– problematicen antes del trabajo infantil, en vez de perseguirlo y castigarlo a priori, se detengan a pensar y sobre todo a escuchar lo que esos niños y niñas tengan que decir, para entonces no caer en un proceso de criminalización de la pobreza”.
— Tania Ramírez.
El 15 de enero a través de la Gaceta Oficial de la CDMX, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo publicó el aviso en el anuncia inspecciones en los centros laborales capitalino, para dar “continuidad a la defensa y protección de sus derechos, principalmente de los infantes que están en alguna situación de vulnerabilidad”.
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Las autoridades informaron que podrán ordenar la práctica de Inspecciones extraordinarias en cualquier tiempo, incluso en días y horas inhábiles, y procederán en caso de que se tenga conocimiento de la existencia de explotación laboral o trabajo de menores de edad; cuando reciban quejas o denuncias por cualquier medio o forma que vulnere o salvaguarde los derechos en materia laboral de las infancias en la CDMX.
Asimismo, indicaron que aplicarán las sanciones correspondientes en caso de detectar algún incumplimiento a la legislación laboral y darán vista a las autoridades competentes, con el fin de salvaguardar en todo momento el interés jurídico de las y los menores de edad.
De acuerdo con la directora ejecutiva de REDIM, Tania Ramírez, estos niños provienen muchas veces de entidades con las mayores cifras de explotación infantil como Guerrero o Nayarit y podrían ser criminalizados; sin embargo, desde la coalición que agrupa a 72 organizaciones de la sociedad civil, se hace un llamado a las autoridades a orientar sus esfuerzos a hacia la detección y erradicación de las redes de explotación y de trata de menores.
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“En Ciudad de México una parte importante de la niñez trabajadora es migrante, es decir es son niñas, niños y adolescentes que vienen de otras entidades, muy probablemente de Guerrero, Chiapas o Nayarit que están en los primeros lugares de explotación de niños, niñas, adolescentes. Digamos que esa circunstancia se repite también en la niñez trabajadora que está acá y lo podemos ver en los cruceros haciendo malabares o vendiendo algún producto”.
— Tania Ramírez.
“Si nos escandaliza el trabajo infantil, nos tiene que escandalizar la pobreza”
Según cifras oficiales, en la CDMX se estima que la tasa de niños que son explotados es del 3.1%, y aunque es la entidad con menor índice del país, aún se pueden ver niños realizando trabajos de mendicidad forzada en distintas zonas y en servicios de transporte público. Datos de la REDIM y del INEGI en nuestro país señalan que existen 3.7 millones de niños víctimas de explotación y trabajo infantil.
“Es una cuestión de supervivencia más que de explotación o de trata visto desde la lógica de las familias y de los niños. Por supuesto que la trata, la explotación, la mendicidad forzada cuando se tratan de cadenas criminales en donde hay a menudo personas adultas, varones explotando las vidas de estos niños niñas y adolescentes, pues sí es algo que tiene que ser investigado y sancionado no desde luego”.
— Tania Ramírez.
Ramírez explicó que se debe profundizar en las historias detrás de los niños en situación de trabajo y explotación, y no solo castigar, pues muchas veces las familias buscan mejores condiciones de vida en los núcleos urbanos, y se trata de condiciones de supervivencia y no de explotación. “El llamado es que si nos escandaliza el trabajo infantil, nos tiene que escandalizar la pobreza”, subrayó.
A considerar
- En la CDMX hay 1.3 millones de niñas, niños y adolescentes de los que se estima que el 1% (poco más de cinco mil) se encuentran en condiciones de explotación.