La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, publicó en su cuenta de X un documento confidencial dirigido a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández. La carta, fechada el 12 de diciembre de 2023, revela detalles significativos sobre una resolución judicial que involucra a miembros del Ejército en el caso de Ayotzinapa.
Te interesa leer: FGR impugnará libertad de militares acusados por desaparición de normalistas de Ayotzinapa
La publicación surge después de que un juzgado de distrito del Estado de México ordenó la liberación de ocho militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno federal, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó duramente esta decisión, tachándola de política y acusando al Poder Judicial de no priorizar la justicia ni la verdad.
Atendiendo a la instrucción del Presidente @lopezobrador_, hacemos pública la carta que enviamos a la ministra Norma Piña desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa.
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 23, 2024
Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas… pic.twitter.com/q4B1hX2UTi
¿Qué dice la carta?
En la misiva, Alcalde informa sobre la resolución adoptada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que tuvo lugar en la sesión del 30 de noviembre de 2023. El documento especifica que los magistrados consideraron fundado el agravio presentado por ocho militares, quienes estaban sujetos a prisión preventiva y que han sido liberados recientemente.
La secretaria detalla que los magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio, Juan José Olvera López y Horacio Armando Hernández Orozco, actuando en plena capacidad legal, decidieron revisar la medida cautelar impuesta a los militares. Esta decisión fue notificada previamente a las partes involucradas, cumpliendo con los requisitos procesales.
Asimismo, Alcalde resaltó la intención del Tribunal de suspender temporalmente la prisión preventiva, con el fin de convocar una nueva audiencia. Esto, advirtió, permitiría deliberar sobre una posible revisión de las medidas cautelares aplicadas a los implicados en el caso Ayotzinapa.
En el documento, la titular de la Segob advierte sobre el riesgo de que los implicados puedan sustraerse de la justicia o huir del país, a pesar de que los militarse están directamente relacionados con uno de los casos más notorios y sensibles de los últimos tiempos en México.
Además considera como graves las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el caso de Ayotzinapa y destaca la lucha constante de las familias de los jóvenes desaparecidos por encontrar la verdad y la justicia.
Pese a la liberación de los militares, en la misiva, enviada el 12 de diciembre de 2023, Alcalde expresó la confianza de la secretaria de Gobernación en que el Poder Judicial actuaría en defensa del Estado de Derecho y garantizaría la protección de los derechos humanos de las víctimas y sus familias.
¿Qué medidas se le impusieron a los militares?
A pesar de su liberación, los militares enfrentan restricciones significativas: deben firmar quincenalmente en el juzgado, pagar una fianza de 50 mil pesos, no pueden salir del país, y se les prohíbe acercarse al estado de Guerrero y a cualquier víctima o testigo del caso. Se les ordenó entregar sus pasaportes como parte de las medidas. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y otros actores han defendido esta resolución, argumentando que no se dieron “ventajas indebidas”. Sin embargo, el gobierno ha criticado la resolución como una maniobra para favorecer la hipótesis de que protege al Ejército, y ha pedido que se revisen las medidas cautelares y se emitan nuevas órdenes de aprehensión si es necesario.
