El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que otorgue el indulto a Mario Aburto, asesino confeso de su padre Luis Donaldo Colosio Muerrieta, solicitud que atrajo la atención de la prensa nacional.
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Luis Donaldo Colosio, excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue asesinado el miércoles 23 de marzo de 1994, en Tijuana, mientras realizaba un acto público previo a las elecciones en Lomas Taurinas.
En dicho mitin electoral, Colosio Murrieta caminaba sobre una explanada con cuatro mil asistentes, y uno de ellos logró evadir las mediadas de seguridad que protegían al candidato. En ese momento fue atacado a balazos por Mario Aburto, quien le disparó en la cabeza y el abdomen.
Ese mismo día, Mario Aburto Martínez, fue detenido por las autoridades federales y en noviembre de 1994 fue condenado a 42 años de prisión en el penal de Almoloya de Juárez. En octubre de 2004, la sentencia aumentó a 48 años de cárcel, pero esta se redujo a 45 años tras el trámite de varios amparos. Para este 2024 obtendrá su libertad gracias a un amparo de un Tribunal Colegiado que invalidad su sentencia, expedido en octubre de 2023.
Respecto al tema, se torna necesario entender bien la petición de Colosio Riojas al primer mandatorio mexicano, es decir, conocer qué es un indulto presidencial y por qué solo el Ejecutivo Federal puede otorgarlo.
¿En qué consiste un indulto presidencial?
En 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal en materia de indulto, firmado en ese entonces por el expresidente, Enrique Peña Nieto.
Con esta modificación, el titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el perdón por cualquier delito de orden federal o común en México, es decir, reducir o suprimir una sentencia impuesta después de una condena.
Este será otorgado si la persona sentenciada no representa un peligro para la seguridad pública, además, se concederá la libertad si se comprueban indicios de violaciones graves a los derechos humanos del recluso.
