Las organizaciones de Derechos Humanos en Europa, firmantes de este boletín, lanzan un llamado urgente a la comunidad internacional para dirigir su atención hacia la crítica y a menudo ignorada crisis en Ecuador. Esta situación se centra especialmente en sus 36 cárceles, que albergan más de 32,000 personas privadas de libertad.
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La asignación de reclusos basada en afiliaciones a grupos delictivos ha intensificado alarmantemente la violencia en el país.Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el crimen organizado ha impregnado profundamente las estructuras del Estado ecuatoriano.
La CIDH, en su informe anual de 2022, ha subrayado este fenómeno como resultado de procesos de desinstitucionalización. La Comisión ha mostrado su profunda preocupación por el dominio de mafias, que dirigen sus actividades delictivas desde dentro de las prisiones, exacerbado por la carencia de recursos y la corrupción en todos los niveles del Estado.
Una reestructuración gubernamental en 2018, que incluyó la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la creación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), ha agravado esta crisis.
El SNAI, pese a estar a cargo de la gestión penitenciaria, carece de la autoridad y alcance territorial para enfrentar eficientemente estos desafíos.
El general Víctor Herrera, jefe de la Zona 8 de la Policía Nacional, ha reconocido la implementación de un nuevo proceso de asignación de reclusos basado en el nivel de peligrosidad, intentando así desmantelar las fortalezas mafiosas en las prisiones. No obstante, informes revelan que durante las administraciones estatales de 2017 a 2023, los pabellones carcelarios se asignaron de modo que agrupaban a miembros de mafias, ignorando protocolos internacionales.
Durante los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), se permitió que bandas delictivas controlaran los pabellones, contribuyendo al aumento de la violencia en un país que antes era considerado uno de los más seguros de Latinoamérica.
Las organizaciones firmantes expresan su profunda inquietud por la situación en las prisiones ecuatorianas y cuestionan el papel de la Fiscalía y otras entidades gubernamentales por su incapacidad para detener las masacres en las cárceles, que desde 2018 han resultado en ejecuciones extrajudiciales de más de 500 reclusos.
