La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, advirtió sobre las consecuencias que podrían surgir en caso de que se menoscabe o destruya la independencia judicial, especialmente en el contexto de las reformas propuestas por el presidente que buscan impactar al Poder Judicial de la Federación (PJF).
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Esta preocupación surge tras el reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que durante la presidencia de Arturo Zaldívar en el PJF existía una relación más estrecha, inicialmente interpretada como una posible injerencia del Ejecutivo en el Judicial.
“Si aceptamos o justificamos como sociedad que esa independencia judicial se trastoque o se destruya ello impactará, sin lugar a dudas, tarde o temprano, en una impartición de justicia que atienda a influyentismos, a razones ajenas al derecho que acabarán perjudicando necesariamente a las personas más vulnerables”, dijo Piña Hernández.
Durante el XIX Congreso Nacional de la Barra Mexicana de Abogados, la titular del PJF reiteró que uno de los mayores desafíos de las democracias contemporáneas radica en preservar la división de poderes, especialmente garantizando la independencia de los poderes judiciales.
En un aparente mensaje dirigido a la controversia sobre la relación entre el Ejecutivo y el Judicial durante la gestión de Zaldívar, Norma Piña destacó:
“No debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial federal frente a los otros poderes”.
Insistencia en la división de poderes
La jurista hizo hincapié en que el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reconoce la trascendencia de la división de poderes y la independencia judicial, resaltando la vigencia de estos principios más de dos siglos después de su aprobación.
“Más de dos siglos después de la aprobación de este documento resulta necesario insistir en la importancia de este principio. Hoy más que nunca es indispensable socializar el valor de la independencia judicial y de la división de poderes”, señaló.
Piña Hernández afirmó que la independencia judicial es un principio constitucionalmente reconocido, fundamentado en los artículos 17 y 100 de la Constitución, siendo no solo un pilar esencial de la democracia, sino también un derecho de los justiciables que garantiza una adecuada impartición de justicia para proteger las libertades y la igualdad de los mexicanos.
En relación con las posibles reformas al sistema judicial, la ministra destacó la necesidad de considerar propuestas de mejora basadas en evidencia y experiencia de los usuarios: “Son necesarias, por supuesto, pero basadas en evidencia, en experiencia de los usuarios y fundamentalmente apegadas a los derechos a los principios y a los valores constitucionales”.
