Debido a la veda electoral que se establece durante las elecciones políticas de 2024 en México, los programas sociales como la Pensión del Bienestar deben ser suspendidos para evitar su uso político.
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El Instituto Nacional Electoral (INE) calificó a los programas sociales como un detractor para los ciudadanos antes de emitir su voto, es decir, que su decisión estará influencia por el apoyo que reciben.
Con el fin de asegurar la imparcialidad del proceso electoral y el correcto funcionamiento de los programas sociales, la actual administración adelantó los pagos correspondientes a la jornada democrática.
Por ello, la dispersión de los Programas del Bienestar se inició el lunes 29 de enero para concluir el jueves 29 de febrero del presente año. Los apoyos económicos comprenden los bimestres de marzo-abril y mayo-junio, por lo que hubo un pago doble de 12 mil pesos.
A pesar de que la mayoría de los beneficiaros tienen su pago cubierto hasta el próximo domingo 2 de junio de 2024, fecha en la que serán las elecciones, surge la duda sobre cuándo regresará la Pensión del Bienestar y todos los programas que otorga la Secretaría del Bienestar.
El calendario de pagos para la Pensión del Bienestar regresará a la normalidad después de las elecciones de 2024, lo que significa que el pago del bimestre julio-agosto se realizará en las fechas habituales, las cuales aún no se han confirmado.
Al igual que en ocasiones anteriores, la dispersión del pago se realizará en orden alfabético, según la primera letra del apellido del beneficiario.
Otra de las dudas que preocupa a los beneficiaros, es saber qué va a pasar con las pensiones y becas del Bienestar si Morena no gana en las elecciones de 2024. De acuerdo con el abogado especialista en Derecho Civil, Penal y Constitucional, Julio Santos Lozano, los programas sociales son derechos humanos que se fundamentan con la Constitución Mexicana y no son exclusivos de ningún gobierno.
“No debe de haber ningún temor por parte de la ciudadanía de que terminen con este tipo de beneficios sociales, porque están reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
— Julio Santos Lozano, abogado especialista en Derecho Constitucional.
