Francisco “N” y Sigifredo “G”, policías estatales de Guerrero, fueron vinculados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable participación en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambos calificados, al haber sido cometidos con ventaja, esto en agravio del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta.
Fue el 8 de marzo cuando la FGR abrió la carpeta e investigación por este hecho ocurrido un día antes en Tixtla, Guerrero, en donde el normalista estaba acompañado de otros estudiantes de esa escuela cuando los policías les dispararon, aparentemente porque se habían robado la camioneta en la que viajaban.
Aunque era un caso que podía quedar bajo investigación de la fiscalía estatal, la FGR ejerció su facultad de atracción al advertirse violaciones a sus derechos humanos, aún falta por ser detenido otro policía, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió que se entregara.
“Después de efectuar las diligencias pertinentes, la FGR judicializó la investigación y un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de ambos individuos, a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se autorizó un periodo de cinco meses para la investigación complementaria”.
De acuerdo con la Normal de Ayotzinapa, Gómez Peralta y dos de sus compañeros acudieron a Tixlta para recoger a dos compañeras, cuando se detuvieron para comprar en una tienda fueron abordados por los policías estatales, quienes los acusaron de haberse robado el vehículo, en ese momento el normalista arrancó con la intención de volver a la escuela, pero fue cuando le dispararon.
Los policías detuvieron a quien iba de copiloto, al que iba en los asientos traseros junto con otro estudiante que acudió a la zona para ayudar.
“Para evadir su responsabilidad, los policías sembraron armas y drogas en la camioneta, dijeron que los estudiantes dispararon primero. No aseguraron la escena del crimen, movieron indicios del lugar, tales como la camioneta en que la iban nuestros compañeros, se negaron a entregar a tiempo los videos de las cámaras del C4, al arma encontrada no le hicieron las pruebas para verificar si fue disparada, no encontraron en la escena del crimen ningún casquillo que fuese disparado por tal arma”, aseguraron los normalistas.
Días después del ataque contra el joven, Rolando Solano Rivera, renunció a la Secretaría de Seguridad Pública, también lo hizo Ludwig Marcial Reynoso Núñez, quien dejó la Secretaría de Gobierno, además de estas dos salidas, la gobernadora Evelyn Salgado dijo que la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos sería removida, aunque ésta alegó que se defendería de esa decisión conforme lo establece la ley; sin embargo, el Congreso de Guerrero aprobó la convocatoria para buscar a su reemplazo.
