En el último día de sesiones en la Cámara de Diputados, se presentó una iniciativa con proyecto de decreto denominado “Registro Nacional de Personas Agresoras de Animales” a la Ley General del Sistema Nacional de la Seguridad Pública.
La iniciativa, presentada por la diputada Gabriela Sodi (PRD), fue remitida a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Esta propuesta define al Registro de Personas Agresoras de Animales como la base de datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encargada de contener, administrar y controlar los registros de las personas que han sido sentenciadas por maltrato animal en el ámbito federal o estatal.
Además, establece que la SSPC, mediante convenios de colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, las procuradurías o instituciones encargadas de la protección ambiental en las entidades federativas y en la Ciudad de México, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, compartirán información sobre las sentencias y los convenios del procedimiento judicial contra personas que hayan cometido actos de crueldad animal.
¿Qué plantea la iniciativa?
La iniciativa plantea que el registro contendrá el nombre y la Clave Única del Registro de Población (CURP) de quienes hayan ejecutado conductas de crueldad, maltrato, daño o tortura contra un animal, así como su lugar de residencia, datos de documentos oficiales, información del expediente que justifique su inscripción, la sentencia o resolución que establezca la pena o sanción, y las medidas de atención de salud emocional o de algún trastorno.
La información del registro estará disponible únicamente para la persona designada por la Secretaría, quien será responsable de recopilar, almacenar y actualizar la información relacionada con el padrón de todas aquellas personas que hayan sido condenadas mediante sentencia o resolución. En ningún caso se podrá hacer público su contenido.
Además, se señala que, con el fin de salvaguardar la vida de los animales, los responsables de los refugios, asilos y albergues para animales dependientes de las dependencias e instituciones oficiales a nivel federal, estatal y municipal, así como de las alcaldías de la Ciudad de México, deberán consultar si la persona adoptante se encuentra en el Registro antes de dar en adopción cualquier animal o emitir la autorización de las licencias correspondientes.
La legisladora argumenta que se busca generar un instrumento en los tres órdenes de gobierno para recopilar información sobre quienes cometan delitos de maltrato animal, con el fin de salvaguardar los derechos e integridad de estos seres vivos. Agregó que las autoridades no tienen planes ni procesos para ejecutar medidas o políticas públicas para mitigar o erradicar la violencia contra los animales, lo que propicia el aumento de casos de maltrato y abandono de animales en todo el país.
