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Poder Judicial ordena a la SEP realizar la prueba Pisa en 2025

la prueba PISA evalúa los rubros de lectura, matemáticas y ciencias en niños de 15 años en México.

El Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a Mejoredu llevar a cabo todos los trámites y gestiones necesarios para garantizar la realización de la prueba PISA en México en el año 2025. Esto se deriva de un amparo interpuesto por la organización Educación con Rumbo.

A través de un comunicado, la organización explicó que hasta la fecha, las autoridades en materia educativa no han asegurado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleve a cabo la prueba PISA, que evalúa los rubros de lectura, matemáticas y ciencias en niños de 15 años en México.

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El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz mencionó que, dentro del amparo, la SEP y Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) se han negado a cumplir la suspensión concedida por el Poder Judicial de la Federación, lo cual podría resultar en sanciones que van desde multas hasta destituciones e inicio de procedimientos penales.

Ortiz añadió que la resolución obtenida es un precedente relevante en materia de defensa de los derechos humanos de los niños, con el objetivo de contar con un diagnóstico objetivo que permita medir, evaluar y garantizar la mejora continua de la educación. La prueba PISA permite evaluar el grado de eficiencia de las políticas públicas implementadas en México en los últimos años.

Por su parte, Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, precisó que existe una ventana de oportunidad para llevar a cabo la prueba PISA, considerando que estamos a ocho semanas del cierre del ciclo escolar. Dentro de este período, se debe realizar una prueba piloto que establezca los parámetros de la prueba a ejecutar durante 2025.


Quien se oponga a la realización de la prueba PISA en México está en contra del derecho humano de los niños a una educación científica de excelencia y de mejora continua, como lo establecen la Constitución y los Tratados Internacionales. Por lo tanto, la Sociedad Civil exigirá responsabilidades ante las instancias legales correspondientes”, precisó la coordinadora nacional de Educación con Rumbo.

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